EL
ROL DE LA OCMA
Cuando el Dr. Francisco Távara ejerció la
presidencia de la OCMA se realizaron tres talleres sobre la labor que cumple
esta institución y como quiera que, me encuentro afectado en la Acción de
Amparo que he entablado contra Prima AFP, empresa estafadora que, después de
cuatro meses de haber presentado mi demanda, oficialmente todavía no es
notificada, porqué al juez David Suarez Burgos no le da la gana de concederme
la apelación, deseo compartir con ustedes este trabajo al que no he modificado
nada ni siquiera los errores de escritura que he observado, debo si, por la
extensión del mismo, informarles que he suprimido algunas partes íntegramente, NINGUNA
de esas supresiones afecta el
entendimiento y las conclusiones de los talleres, en la que los abogados y los
Colegios que los acogen tienen gran responsabilidad.
Las personas interesadas en conocerlo íntegramente,
podrán ingresar a la siguiente dirección electrónica: http://www.projusticia.org.pe/downloads/documento/InformeConsolidadoOCMA.doc.
Las conclusiones de los talleres las encontrarán al
final, sin embargo, deseo adelantarles la mía, NADA HA CAMBIADO, MAS BIEN LA
CORRUPCIÓN SE HA PROFUNDIZADO A NIVELES INSOSPECHADOS Y LA OCMA NO ESTA
CONTRIBUYENDO A COMBATIRLA, ES POSIBLE –desde mi negativa experiencia con esta
institución- QUE FORME PARTE DE TODA LA RED.
Los párrafos resaltados con negritas son de mi
exclusiva responsabilidad.
Debe investigarse al juez David Suarez Burgos y las
personas que trabajan en su Despacho, no existe explicación razonable, jurídica
o lógica para que no me conceda la apelación incluyendo la inadmisibilidad del
15 de agosto de 2015 y mi absolución del 17 del mismo mes y año; Debe
investigarse a este sujeto porqué ESTÁ DEDICADO EXCLUSIVAMENTE a ver Acciones
de Amparo sobre PENSIONES y siendo que las que se dirigen contra las estafadoras
AFP, serán conocidas si o si por este sujeto, NO PUEDE seguir
“administrando justicia” sin la debida supervisión y análisis de sus fallos.
También es interesante resaltar que, ya por el año
2005 se conocía de “tribunales arbitrales ficticios” que con la captura del
Abogado Orellana la ciudadanía se ha enterado que existen. A continuación el Resumen de PROJUSTICIA.
PROJUSTICIA
Centro
de Estudios para el desarrollo de la Justicia - CEDEJ
1.PRESENTACIÓN.
Entre
el 21 de septiembre y el 10 de octubre del 2005, la Asociación ProJusticia
promovió la realización de tres Talleres de Trabajo con la Oficina de Control
de la Magistratura (OCMA), dirigidos a recoger las opiniones y
percepciones de diversos sectores de la sociedad civil respecto de la labor que
cumple este importante organismo, así como su visión y propuestas para mejorar
sus funciones y atribuciones.
Producto
de estos talleres se recogieron un conjunto de interesantes y novedosas
iniciativas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción judicial, los que
en algunos casos culminaron en el planteamiento concreto de alianzas
estratégicas entre la OCMA y la sociedad civil en pos de un Poder
Judicial más eficiente y transparente. Asimismo, estos espacios permitieron
intercambiar ideas y experiencias acerca de la magnitud y modalidades de
corrupción que aún persisten en el ámbito jurisdiccional, así como de las
causas y graves consecuencias de este flagelo, que no solo afecta la dignidad e
independencia de la judicatura sino al conjunto del país, al generar
desconfianza entre los agentes económicos, obstaculizar las inversiones y
limitar el desarrollo económico.
El
presente documento busca resumir y dar a conocer los principales temas y
conclusiones obtenidos en estos talleres, con la esperanza de que su difusión
permita una mayor conciencia acerca de la importancia que tiene la lucha contra
la corrupción, pero también de las enormes dificultades que atraviesan las
personas e instituciones que buscan hacerle frente. Esperamos además que
motive la realización de otros espacios similares, que aporten a la
construcción de un nuevo sistema de justicia en nuestro país.
I.TEMASABORDADOS.
Los
temas abordados durante los talleres realizados fueron muchos y muy variados,
superando con creces las expectativas previstas. De los diferentes asuntos
debatidos, por lo menos cinco merecieron una atención especial. Estos fueron
los siguientes:
- Causas y
factores que favorecen la corrupción judicial:
Entre las principales causas que favorecen la corrupción judicial,
la mayoría de participantes reconoció que la morosidad procesal tiene
una relación directa con el tema, constituyendo una suerte de caldo de cultivo
para hechos de corrupción. Si bien se
manifestó que esta morosidad es responsabilidad principal de los magistrados,
se reconoció que existen una serie de factores estructurales que alimentan la
morosidad, como la creciente carga procesal, la carencia de infraestructura, la
insuficiencia de personal y la falta de recursos económicos. En tal sentido,
los organismos de control dieron a conocer que cerca del 80% de las quejas que
ingresan a estas instancias tienen como el retardo procesal, lo que indica la
magnitud de este problema y el vínculo que los usuarios encuentran entre uno y
otro fenómeno.
Sin
embargo, los eventos permitieron reconocer que la morosidad no es
responsabilidad exclusiva de los magistrados o del Poder Judicial, ya que los
abogados contribuyen también a que este problema se reproduzca. Algunos participantes
mencionaron al respecto que existe una cultura enquistada en los abogados que
los conducen a plantear a sus clientes que si no hay un grado de corrupción
–esto es, de pago al juez- no hay avance del expediente, o señalan falsamente
mantener un grado de colusión con el especialista, el secretario o el juez para
favorecer sus intereses. De este modo, los abogados alimentan muchas veces la
imagen de que el Poder Judicial solo funciona de manera corrupta, sea para
aprovecharse de sus clientes, sea para encubrir su falta de
profesionalismo.
Por
otro lado, la responsabilidad de los abogados no se reduce a promover acciones
de corrupción, ya que ella se ve
facilitada igualmente cuando se cierran los ojos ante hechos de este tipo.
Al respecto, los funcionarios de la OCMA señalaron que muchos abogados
litigantes dejan de denunciar casos de corrupción ante este organismo, o
presentan quejas que no cuentan con la precisión necesaria para individualizar
el hecho o a los involucrados en el mismo, lo que lleva a que un gran número de
ellas sean declaradas improcedentes. Por
su parte, tanto abogados como empresarios manifestaron que suele existir un
gran temor de denunciar a un magistrado ante el órgano de control, sea por
miedo de verse involucrado en el caso (o como lo refirió uno de los
participantes, “ir por lana y salir trasquilado”), por la falta de pruebas
concretas que puedan acompañar a la denuncia, sea por las reacciones que aquel
puede tener en la resolución del caso, o por un desconocimiento del real
alcance de las atribuciones de la OCMA, cuya labor es poco difundida
tanto entre usuarios como entre abogados.
En
tercer lugar, junto con la responsabilidad más directa de los operadores de
justicia, los participantes de los talleres concordaron en que los poderes
públicos también tienen una responsabilidad en la corrupción judicial, debido
al abandono al que ha sido sometido el Poder Judicial a lo largo de los años.
Algunos enfatizaron además que este desinterés esconde intereses ocultos, como
es el evitar un control más efectivo y legítimo sobre sus actividades por parte
de la magistratura, siendo más conveniente para ellos contar con jueces débiles
y dóciles que con magistrados eficientes, fuertes e independientes.
En
tal sentido, una conclusión importante de los talleres fue la necesidad de
rescatar al Poder Judicial de la posición secundaria que suele tener dentro del
Estado, para pasar a convertirse en el primer poder del mismo, así como en el
centro de una nueva cultura ética para el país, que deje de lado la impunidad
que suele existir frente a los delitos de mayor gravedad. Asimismo, el
reconocimiento de una responsabilidad conjunta de todos los actores llevó a
fijar la necesidad de una colaboración y coordinación estrecha entre todos a
fin de superar este grave problema, a fin de impedir su expansión y
crecimiento.
- Las nuevas
modalidades de corrupción judicial:
Junto
con las causas y factores que motivan la corrupción, uno de los temas de
discusión que se evidenció en los diferentes talleres fue el de las modalidades
en que se presenta este fenómeno al interior del sistema judicial.
En primer lugar, todos los sectores
reconocieron la presencia de “mafias” o redes de corrupción a través de las
cuales se articula la oferta y demanda de medidas y sentencias, conformada por
magistrados y abogados que ofrecen sus servicios a diferentes grupos de poder.
Algunas de estas mafias son bastante conocidas y actúan en diferentes distritos
judiciales, integran a un alto número de “letrados” y cuentan incluso con
“tarifarios” donde se establecen los montos a pagar por determinada acción o
decisión.
Asimismo,
algunos participantes señalaron que el espacio privilegiado de acción de estas
mafias son los juzgados de primera instancia, en tanto constituyen la puerta de
acceso al sistema judicial y cuentan con una serie de atribuciones que son mal
utilizadas a favor de intereses ocultos. Varios indicaron incluso que esta
instancia parece ser hecha “para tramposos”, ya que el costo de acudir a juicio
suele ser más oneroso que optar por dejar de cobrar una deuda o recuperar un
determinado bien. Otros manifestaron en un sentido similar que esta instancia
se encuentra llena de jueces de “segundo nivel”, a diferencia de la calidad y
probidad que suelen mostrar magistrados que se encuentran en instancias
superiores.
Otras
intervenciones permitieron, a su vez, detectar una tercera modalidad de
corrupción judicial, más reciente que las otras y que estaría afectando a los
recién creados juzgados comerciales, como es la del “arbitraje ficticio”.
Mientras algunos empresarios se quejaban así de que los jueces de primera
instancia no tenían la costumbre de revisar los estatutos de las empresas,
donde se suele remitir los conflictos internos a tribunales arbitrales, antes
de aplicar una medida cautelar, otros narraban casos recientes que daban cuenta
de la constitución de tribunales arbitrales “ficticios”, integrados por
personas allegadas a una de las partes, que otorgaban a ésta una medida
cautelar a su favor, las que eran llevadas posteriormente a un determinado
juzgado para que legitime una decisión ilícitamente tomada.
- Relación
entre corrupción, inversión y desarrollo:
Un
tercer tema que generó importantes debates fue el de las consecuencias de la
corrupción judicial, distinguiéndose entre efectos internos y efectos externos
de este fenómeno, todos ellos altamente negativos.
Con
relación a los efectos internos, las consecuencias principales son la pérdida
de legitimidad social del Poder Judicial y la desconfianza ciudadana hacia su
sistema de justicia, situación que fue reconocida por todos los participantes.
Al respecto, muchos señalaron la enorme dificultad que existe para superar este
estado de cosas, indicando que ello pasa por asumir una mayor conciencia y
voluntad de combatir a la corrupción en todos los frentes, no solo a nivel
judicial.
Con
respecto a los efectos externos, el punto más discutido fue el relacionado con
la “factura” que el país debe pagar por no contar con un Poder Judicial
eficiente y transparente. De acuerdo a datos que fueron puestos en la mesa por
CONFIEP, sobre la base de un estudio financiado por el Banco Mundial, que se
llevó a cabo también en otros países. De acuerdo a este estudio, el país pierde
alrededor del 15% del PBI por mantener esta situación, además de reducir en 10%
el nivel de inversiones y de empleo. Por el contrario, si el país contar con un
Poder Judicial fuerte y eficiente, dicho estudio estimaba un incremento del PBI
en cerca de 10 mil millones de dólares, mientras que la capacidad de venta en
sectores como las PYMES crecería 33% en promedio.
Estos
datos fueron respaldados por experiencias propias narradas por los empresarios.
En el caso del turismo, por ejemplo, los participantes mencionaron que un gran
proyecto de inversión de casi 50 millones de dólares, que se venía gestando
desde hace 5 años, fue finalmente cancelado debido a la mala acción de una
jueces sobre la propiedad de unos terrenos que se pensaba adquirir para el
proyecto. En general, todos los asistentes manifestaron que la corrupción
judicial genera una gran preocupación y desconfianza tanto en el inversor
nacional como en el extranjero, ahuyentando y cerrando las posibilidades de
inversión y de mayor desarrollo económico en diversos sectores.
- Como es
evidente, esta desconfianza limita a su vez la inversión dirigida a
reformar la administración de justicia, a pesar de la contundencia de los
datos que muestran la necesidad de tener un Poder Judicial más eficiente y
probo para promover el desarrollo económico. Al respecto, muchos señalaron
que los procesos de reforma suelen mantenerse en el papel, tal como
ocurrió recientemente con el trabajo de la CERIAJUS, indicando incluso que
no existe un interés por llevar a cabo estos cambios –o, como manifestó
uno de los asistentes, “no es que la tortuga sea lenta, sino que no quiere
ir”-. De este modo, la corrupción genera un círculo vicioso, donde la
desconfianza y el abandono van de la mano, afectando no solo la capacidad
del Poder Judicial para superar sus problemas sino manteniendo al país en
niveles innecesarios de pobreza y subdesarrollo.
Debilidades internas de la OCMA:
Un
cuarto tema abordado por los asistentes a los talleres fue el de las
debilidades internas de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Entre las debilidades mencionadas fueron relevadas cuatro: la falta de
atribuciones para una adecuada sanción de los magistrados que incurren en
responsabilidad funcional; los problemas que existen para el desarrollo de
investigaciones; la debilidad institucional con la que trabajan las Oficinas
Descentralizadas de Control de la Magistratura (ODICMAS); y la carencia de
apoyo institucional a la labor de control.
Con
respecto al primer punto, el jefe de la OCMA dio a conocer a lo largo de
los talleres una serie de avances en la labor de control, incluyendo la
reducción de la carga procesal pendiente, el aumento del número de
investigaciones y de procesamiento de quejas verbales, y el incremento de
sanciones a magistrados y auxiliares que incurren en responsabilidad funcional.
Como datos referenciales, informó que solo en el presente año se han presentado
más de 20 propuestas de destitución de magistrados, incluyendo a un ex
Presidente de Corte Superior; asimismo, desde su gestión se vienen presentando
entre 50 y 60 pedidos de destitución de jueces de paz y personal auxiliar,
sobre los que existe una intervención más directa. Estos datos se ven además
apoyados por cifras estadísticas, las que muestran una creciente intervención
de la OCMA en la sanción de magistrados y auxiliares de justicia, tal
como lo muestra el siguiente cuadro:
PRINCIPALES CONCLUSIONES.
Como
puede apreciarse, los talleres permitieron alcanzar un conjunto de importantes
conclusiones respecto a la visión que existe sobre la corrupción judicial, el
papel de la OCMA y sobre las medidas que deben ser adoptadas para
combatirla de manera más efectiva. Entre estas conclusiones cabe resaltar las
siguientes:
- La
corrupción sigue siendo un problema de primer orden para el Poder
Judicial, si bien existe mayor conciencia acerca de sus causas, sus
modalidades y las consecuencias que este fenómeno tiene tanto para la
administración de justicia como para el país en general.
- Si bien
existen casos en que la corrupción es propiciada desde el interior del
Poder Judicial, la responsabilidad de estos hechos alcanza también de
manera directa a otros operadores de justicia –como los abogados- y de
manera indirecta a otros Poderes del Estado y al conjunto de la sociedad,
por lo que un tratamiento integral del problema requiere de la
participación de todos los involucrados.
- Las
modalidades de corrupción que existen en el Poder Judicial se van
expandiendo, encontrándose nuevas formas de corrupción destinadas a
afectar a los sectores empresariales, respecto a las cuales no existe aún
una acción efectiva por parte de la OCMA.
- Los efectos
que tiene la corrupción judicial sobre la vida económica del país son
enormes, impidiendo un mayor crecimiento económico y mayores niveles de
inversión privada. Frente a ello, se hace necesario la conformación de
alianzas estratégicas que permitan la construcción de un nuevo Poder Judicial,
más fuerte, eficiente y transparente.
- No existe un
conocimiento adecuado del rol, atribuciones y forma de funcionamiento de
la OCMA entre los operadores del sistema de justicia, incluso al
interior mismo del Poder Judicial, lo que conduce a saturar este organismo
de quejas sin fundamento pero también a desconocer hechos de corrupción
que podrían ser efectivamente sancionados.
- Existe una
percepción negativa sobre la labor de la OCMA entre los abogados
litigantes, la que sin embargo no es solo alimentada por las fallas o
problemas que puede mantener este organismo, sino que es azuzada también
por abogados que buscan justificar sus errores y deficiencias ante sus
clientes.
- El control
de la actividad judicial por parte de la OCMA se ve disminuido
debido a la falta de una presencia más activa de otros organismos
comprometidos con ello, como los Colegios de Abogados y el Consejo
Nacional de la Magistratura.
5.
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
Finalmente,
entre las propuestas y recomendaciones presentadas en los talleres por los
participantes, entre las más relevantes se encuentran las siguientes:
- Se requiere
constituir y consolidar alianzas estratégicas entre el Poder Judicial y la
sociedad civil en general, especialmente con los gremios empresariales,
que le brinden un nuevo impulso a la reforma de la justicia. Ello pasa por
reconocer la necesidad de contar con un sistema judicial eficiente para
alcanzar un mayor desarrollo económico y garantizar la continuidad de la
inversión privada en el país.
- Debe
otorgarse a la OCMA facultades reglamentarias, a fin de brindar de
inmediato un marco favorable para el fortalecimiento de las Oficinas
Descentralizadas de Control de la Magistratura, donde se concentran gran
parte de las debilidades que muestra este organismo.
- La función
de control debe ser considerada una especialidad más dentro de la carrera
judicial, de manera tal que se cuente con magistrados debidamente
preparados que puedan cumplir esta función a cabalidad.
Las acciones de control deben dar mayor
prioridad al control preventivo, estableciendo un conjunto de estímulos que
permitan motivar al magistrado y al personal jurisdiccional a mantener una
conducta ética y respetuosa frente a los usuarios de la justicia.
- Se requiere
una mayor conciencia y participación de los Colegios de Abogados y del
Consejo Nacional de la Magistratura en la lucha contra la corrupción, así
como mayores niveles de coordinación entre estas entidades y la OCMA.
- Deben
promoverse campañas de concientización y difusión de la labor de control
judicial para la población, a fin de que los ciudadanos hagan valer de
manera efectiva sus derechos a tener un debido proceso. Estas campañas
deben tener como público objetivo preferencial a las Facultades de Derecho
–especialmente a los jóvenes abogados- y a los grupos de micro y pequeños
empresarios.
- Es necesaria
una mayor formación ética al interior de las Universidades, que precise la
función que cumple el abogado en el sistema de justicia y rescate el papel
fundamental que tiene una correcta administración de justicia para
alcanzar mayor bienestar y desarrollo.
- Deben
fijarse procedimientos más estrictos para la aplicación de medidas
cautelares tanto fuera como dentro del proceso, siendo recomendable la
formación de una Comisión Mixta, integrada por magistrados y empresarios,
que permita fijar límites claros a estos mecanismos y poner fin al festín
actual de medidas cautelares, que solo alimentan una mayor corrupción.
El
rol de la OCMA frente a la corrupción judicial – Talleres de Trabajo