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Roma, Historia y Cuna del Derecho

domingo, 27 de septiembre de 2015

El Rol d la OCMA, la corrupción y la Justicia

EL ROL DE LA OCMA

Cuando el Dr. Francisco Távara ejerció la presidencia de la OCMA se realizaron tres talleres sobre la labor que cumple esta institución y como quiera que, me encuentro afectado en la Acción de Amparo que he entablado contra Prima AFP, empresa estafadora que, después de cuatro meses de haber presentado mi demanda, oficialmente todavía no es notificada, porqué al juez David Suarez Burgos no le da la gana de concederme la apelación, deseo compartir con ustedes este trabajo al que no he modificado nada ni siquiera los errores de escritura que he observado, debo si, por la extensión del mismo, informarles que he  suprimido algunas partes íntegramente, NINGUNA de esas supresiones afecta  el entendimiento y las conclusiones de los talleres, en la que los abogados y los Colegios que los acogen tienen gran responsabilidad.
Las personas interesadas en conocerlo íntegramente, podrán ingresar a la siguiente dirección electrónica: http://www.projusticia.org.pe/downloads/documento/InformeConsolidadoOCMA.doc.

Las conclusiones de los talleres las encontrarán al final, sin embargo, deseo adelantarles la mía, NADA HA CAMBIADO, MAS BIEN LA CORRUPCIÓN SE HA PROFUNDIZADO A NIVELES INSOSPECHADOS Y LA OCMA NO ESTA CONTRIBUYENDO A COMBATIRLA, ES POSIBLE –desde mi negativa experiencia con esta institución- QUE FORME PARTE DE TODA LA RED.
Los párrafos resaltados con negritas son de mi exclusiva responsabilidad.
Debe investigarse al juez David Suarez Burgos y las personas que trabajan en su Despacho, no existe explicación razonable, jurídica o lógica para que no me conceda la apelación incluyendo la inadmisibilidad del 15 de agosto de 2015 y mi absolución del 17 del mismo mes y año; Debe investigarse a este sujeto porqué ESTÁ DEDICADO EXCLUSIVAMENTE a ver Acciones de Amparo sobre PENSIONES y siendo que las que se dirigen contra las  estafadoras  AFP, serán conocidas si o si por este sujeto, NO PUEDE seguir “administrando justicia” sin la debida supervisión y análisis de sus fallos.
También es interesante resaltar que, ya por el año 2005 se conocía de “tribunales arbitrales ficticios” que con la captura del Abogado Orellana la ciudadanía se ha enterado que existen. A continuación el Resumen de PROJUSTICIA.


PROJUSTICIA     
Centro de Estudios para el desarrollo de la Justicia - CEDEJ 

1.PRESENTACIÓN.  
Entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre del 2005, la Asociación ProJusticia promovió la realización de tres Talleres de Trabajo con la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), dirigidos a recoger las opiniones y percepciones de diversos sectores de la sociedad civil respecto de la labor que cumple este importante organismo, así como su visión y propuestas para mejorar sus funciones y atribuciones. 
Producto de estos talleres se recogieron un conjunto de interesantes y novedosas iniciativas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción judicial, los que en algunos casos culminaron en el planteamiento concreto de alianzas estratégicas entre la OCMA y la sociedad civil en pos de un Poder Judicial más eficiente y transparente. Asimismo, estos espacios permitieron intercambiar ideas y experiencias acerca de la magnitud y modalidades de corrupción que aún persisten en el ámbito jurisdiccional, así como de las causas y graves consecuencias de este flagelo, que no solo afecta la dignidad e independencia de la judicatura sino al conjunto del país, al generar desconfianza entre los agentes económicos, obstaculizar las inversiones y limitar el desarrollo económico. 
El presente documento busca resumir y dar a conocer los principales temas y conclusiones obtenidos en estos talleres, con la esperanza de que su difusión permita una mayor conciencia acerca de la importancia que tiene la lucha contra la corrupción, pero también de las enormes dificultades que atraviesan las personas e  instituciones que buscan hacerle frente. Esperamos además que motive la realización de otros espacios similares, que aporten a la construcción de un nuevo sistema de justicia en nuestro país. 

I.TEMASABORDADOS.  
Los temas abordados durante los talleres realizados fueron muchos y muy variados, superando con creces las expectativas previstas. De los diferentes asuntos debatidos, por lo menos cinco merecieron una atención especial. Estos fueron los siguientes:
 
  • Causas y factores que favorecen la corrupción judicial:
Entre las principales causas que favorecen la corrupción judicial, la mayoría de participantes reconoció que la morosidad procesal tiene una relación directa con el tema, constituyendo una suerte de caldo de cultivo para hechos de corrupción. Si bien se manifestó que esta morosidad es responsabilidad principal de los magistrados, se reconoció que existen una serie de factores estructurales que alimentan la morosidad, como la creciente carga procesal, la carencia de infraestructura, la insuficiencia de personal y la falta de recursos económicos. En tal sentido, los organismos de control dieron a conocer que cerca del 80% de las quejas que ingresan a estas instancias tienen como el retardo procesal, lo que indica la magnitud de este problema y el vínculo que los usuarios encuentran entre uno y otro fenómeno. 
Sin embargo, los eventos permitieron reconocer que la morosidad no es responsabilidad exclusiva de los magistrados o del Poder Judicial, ya que los abogados contribuyen también a que este problema se reproduzca. Algunos participantes mencionaron al respecto que existe una cultura enquistada en los abogados que los conducen a plantear a sus clientes que si no hay un grado de corrupción –esto es, de pago al juez- no hay avance del expediente, o señalan falsamente mantener un grado de colusión con el especialista, el secretario o el juez para favorecer sus intereses. De este modo, los abogados alimentan muchas veces la imagen de que el Poder Judicial solo funciona de manera corrupta, sea para aprovecharse de sus clientes, sea para encubrir su falta de profesionalismo. 
Por otro lado, la responsabilidad de los abogados no se reduce a promover acciones de corrupción, ya que ella se ve facilitada igualmente cuando se cierran los ojos ante hechos de este tipo. Al respecto, los funcionarios de la OCMA señalaron que muchos abogados litigantes dejan de denunciar casos de corrupción ante este organismo, o presentan quejas que no cuentan con la precisión necesaria para individualizar el hecho o a los involucrados en el mismo, lo que lleva a que un gran número de ellas sean declaradas improcedentes. Por su parte, tanto abogados como empresarios manifestaron que suele existir un gran temor de denunciar a un magistrado ante el órgano de control, sea por miedo de verse involucrado en el caso (o como lo refirió uno de los participantes, “ir por lana y salir trasquilado”), por la falta de pruebas concretas que puedan acompañar a la denuncia, sea por las reacciones que aquel puede tener en la resolución del caso, o por  un desconocimiento del real alcance de las atribuciones de la OCMA, cuya labor es poco difundida tanto entre usuarios como entre abogados. 
En tercer lugar, junto con la responsabilidad más directa de los operadores de justicia, los participantes de los talleres concordaron en que los poderes públicos también tienen una responsabilidad en la corrupción judicial, debido al abandono al que ha sido sometido el Poder Judicial a lo largo de los años. Algunos enfatizaron además que este desinterés esconde intereses ocultos, como es el evitar un control más efectivo y legítimo sobre sus actividades por parte de la magistratura, siendo más conveniente para ellos contar con jueces débiles y dóciles que con magistrados eficientes, fuertes e independientes. 
En tal sentido, una conclusión importante de los talleres fue la necesidad de rescatar al Poder Judicial de la posición secundaria que suele tener dentro del Estado, para pasar a convertirse en el primer poder del mismo, así como en el centro de una nueva cultura ética para el país, que deje de lado la impunidad que suele existir frente a los delitos de mayor gravedad. Asimismo, el reconocimiento de una responsabilidad conjunta de todos los actores llevó a fijar la necesidad de una colaboración y coordinación estrecha entre todos a fin de superar este grave problema, a fin de impedir su expansión y crecimiento. 

  • Las nuevas modalidades de corrupción judicial:  
Junto con las causas y factores que motivan la corrupción, uno de los temas de discusión que se evidenció en los diferentes talleres fue el de las modalidades en que se presenta este fenómeno al interior del sistema judicial. 
En primer lugar, todos los sectores reconocieron la presencia de “mafias” o redes de corrupción a través de las cuales se articula la oferta y demanda de medidas y sentencias, conformada por magistrados y abogados que ofrecen sus servicios a diferentes grupos de poder. Algunas de estas mafias son bastante conocidas y actúan en diferentes distritos judiciales, integran a un alto número de “letrados” y cuentan incluso con “tarifarios” donde se establecen los montos a pagar por determinada acción o decisión. 
Asimismo, algunos participantes señalaron que el espacio privilegiado de acción de estas mafias son los juzgados de primera instancia, en tanto constituyen la puerta de acceso al sistema judicial y cuentan con una serie de atribuciones que son mal utilizadas a favor de intereses ocultos. Varios indicaron incluso que esta instancia parece ser hecha “para tramposos”, ya que el costo de acudir a juicio suele ser más oneroso que optar por dejar de cobrar una deuda o recuperar un determinado bien. Otros manifestaron en un sentido similar que esta instancia se encuentra llena de jueces de “segundo nivel”, a diferencia de la calidad y probidad que suelen mostrar magistrados que se encuentran en instancias superiores. 
Otras intervenciones permitieron, a su vez, detectar una tercera modalidad de corrupción judicial, más reciente que las otras y que estaría afectando a los recién creados juzgados comerciales, como es la del “arbitraje ficticio”. Mientras algunos empresarios se quejaban así de que los jueces de primera instancia no tenían la costumbre de revisar los estatutos de las empresas, donde se suele remitir los conflictos internos a tribunales arbitrales, antes de aplicar una medida cautelar, otros narraban casos recientes que daban cuenta de la constitución de tribunales arbitrales “ficticios”, integrados por personas allegadas a una de las partes, que otorgaban a ésta una medida cautelar a su favor, las que eran llevadas posteriormente a un determinado juzgado para que legitime una decisión ilícitamente tomada.  

  • Relación entre corrupción, inversión y desarrollo:  
Un tercer tema que generó importantes debates fue el de las consecuencias de la corrupción judicial, distinguiéndose entre efectos internos y efectos externos de este fenómeno, todos ellos altamente negativos. 
Con relación a los efectos internos, las consecuencias principales son la pérdida de legitimidad social del Poder Judicial y la desconfianza ciudadana hacia su sistema de justicia, situación que fue reconocida por todos los participantes. Al respecto, muchos señalaron la enorme dificultad que existe para superar este estado de cosas, indicando que ello pasa por asumir una mayor conciencia y voluntad de combatir a la corrupción en todos los frentes, no solo a nivel judicial.
Con respecto a los efectos externos, el punto más discutido fue el relacionado con la “factura” que el país debe pagar por no contar con un Poder Judicial eficiente y transparente. De acuerdo a datos que fueron puestos en la mesa por CONFIEP, sobre la base de un estudio financiado por el Banco Mundial, que se llevó a cabo también en otros países. De acuerdo a este estudio, el país pierde alrededor del 15% del PBI por mantener esta situación, además de reducir en 10% el nivel de inversiones y de empleo. Por el contrario, si el país contar con un Poder Judicial fuerte y eficiente, dicho estudio estimaba un incremento del PBI en cerca de 10 mil millones de dólares, mientras que la capacidad de venta en sectores como las PYMES crecería 33% en promedio. 
Estos datos fueron respaldados por experiencias propias narradas por los empresarios. En el caso del turismo, por ejemplo, los participantes mencionaron que un gran proyecto de inversión de casi 50 millones de dólares, que se venía gestando desde hace 5 años, fue finalmente cancelado debido a la mala acción de una jueces sobre la propiedad de unos terrenos que se pensaba adquirir para el proyecto. En general, todos los asistentes manifestaron que la corrupción judicial genera una gran preocupación y desconfianza tanto en el inversor nacional como en el extranjero, ahuyentando y cerrando las posibilidades de inversión y de mayor desarrollo económico en diversos sectores.  
  • Como es evidente, esta desconfianza limita a su vez la inversión dirigida a reformar la administración de justicia, a pesar de la contundencia de los datos que muestran la necesidad de tener un Poder Judicial más eficiente y probo para promover el desarrollo económico. Al respecto, muchos señalaron que los procesos de reforma suelen mantenerse en el papel, tal como ocurrió recientemente con el trabajo de la CERIAJUS, indicando incluso que no existe un interés por llevar a cabo estos cambios –o, como manifestó uno de los asistentes, “no es que la tortuga sea lenta, sino que no quiere ir”-. De este modo, la corrupción genera un círculo vicioso, donde la desconfianza y el abandono van de la mano, afectando no solo la capacidad del Poder Judicial para superar sus problemas sino manteniendo al país en niveles innecesarios de pobreza y subdesarrollo.

Debilidades internas de la OCMA:  

Un cuarto tema abordado por los asistentes a los talleres fue el de las debilidades internas de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Entre las debilidades mencionadas fueron relevadas cuatro: la falta de atribuciones para una adecuada sanción de los magistrados que incurren en responsabilidad funcional; los problemas que existen para el desarrollo de investigaciones; la debilidad institucional con la que trabajan las Oficinas Descentralizadas de Control de la Magistratura (ODICMAS); y la carencia de apoyo institucional a la labor de control. 
Con respecto al primer punto, el jefe de la OCMA dio a conocer a lo largo de los talleres una serie de avances en la labor de control, incluyendo la reducción de la carga procesal pendiente, el aumento del número de investigaciones y de procesamiento de quejas verbales, y el incremento de sanciones a magistrados y auxiliares que incurren en responsabilidad funcional. Como datos referenciales, informó que solo en el presente año se han presentado más de 20 propuestas de destitución de magistrados, incluyendo a un ex Presidente de Corte Superior; asimismo, desde su gestión se vienen presentando entre 50 y 60 pedidos de destitución de jueces de paz y personal auxiliar, sobre los que existe una intervención más directa. Estos datos se ven además apoyados por cifras estadísticas, las que muestran una creciente intervención de la OCMA en la sanción de magistrados y auxiliares de justicia, tal como lo muestra el siguiente cuadro:
 
 PRINCIPALES CONCLUSIONES.
 
Como puede apreciarse, los talleres permitieron alcanzar un conjunto de importantes conclusiones respecto a la visión que existe sobre la corrupción judicial, el papel de la OCMA y sobre las medidas que deben ser adoptadas para combatirla de manera más efectiva. Entre estas conclusiones cabe resaltar las siguientes: 
  • La corrupción sigue siendo un problema de primer orden para el Poder Judicial, si bien existe mayor conciencia acerca de sus causas, sus modalidades y las consecuencias que este fenómeno tiene tanto para la administración de justicia como para el país en general.  
  • Si bien existen casos en que la corrupción es propiciada desde el interior del Poder Judicial, la responsabilidad de estos hechos alcanza también de manera directa a otros operadores de justicia –como los abogados- y de manera indirecta a otros Poderes del Estado y al conjunto de la sociedad, por lo que un tratamiento integral del problema requiere de la participación de todos los involucrados.  
  • Las modalidades de corrupción que existen en el Poder Judicial se van expandiendo, encontrándose nuevas formas de corrupción destinadas a afectar a los sectores empresariales, respecto a las cuales no existe aún una acción efectiva por parte de la OCMA.  
  • Los efectos que tiene la corrupción judicial sobre la vida económica del país son enormes, impidiendo un mayor crecimiento económico y mayores niveles de inversión privada. Frente a ello, se hace necesario la conformación de alianzas estratégicas que permitan la construcción de un nuevo Poder Judicial, más fuerte, eficiente y transparente.  
  • No existe un conocimiento adecuado del rol, atribuciones y forma de funcionamiento de la OCMA entre los operadores del sistema de justicia, incluso al interior mismo del Poder Judicial, lo que conduce a saturar este organismo de quejas sin fundamento pero también a desconocer hechos de corrupción que podrían ser efectivamente sancionados.  
  • Existe una percepción negativa sobre la labor de la OCMA entre los abogados litigantes, la que sin embargo no es solo alimentada por las fallas o problemas que puede mantener este organismo, sino que es azuzada también por abogados que buscan justificar sus errores y deficiencias ante sus clientes.  
  • El control de la actividad judicial por parte de la OCMA se ve disminuido debido a la falta de una presencia más activa de otros organismos comprometidos con ello, como los Colegios de Abogados y el Consejo Nacional de la Magistratura.  
5.  PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

Finalmente, entre las propuestas y recomendaciones presentadas en los talleres por los participantes, entre las más relevantes se encuentran las siguientes: 
  • Se requiere constituir y consolidar alianzas estratégicas entre el Poder Judicial y la sociedad civil en general, especialmente con los gremios empresariales, que le brinden un nuevo impulso a la reforma de la justicia. Ello pasa por reconocer la necesidad de contar con un sistema judicial eficiente para alcanzar un mayor desarrollo económico y garantizar la continuidad de la inversión privada en el país.  
  • Debe otorgarse a la OCMA facultades reglamentarias, a fin de brindar de inmediato un marco favorable para el fortalecimiento de las Oficinas Descentralizadas de Control de la Magistratura, donde se concentran gran parte de las debilidades que muestra este organismo.

  • La función de control debe ser considerada una especialidad más dentro de la carrera judicial, de manera tal que se cuente con magistrados debidamente preparados que puedan cumplir esta función a cabalidad.
 Las acciones de control deben dar mayor prioridad al control preventivo, estableciendo un conjunto de estímulos que permitan motivar al magistrado y al personal jurisdiccional a mantener una conducta ética y respetuosa frente a los usuarios de la justicia.  
  • Se requiere una mayor conciencia y participación de los Colegios de Abogados y del Consejo Nacional de la Magistratura en la lucha contra la corrupción, así como mayores niveles de coordinación entre estas entidades y la OCMA.  
  • Deben promoverse campañas de concientización y difusión de la labor de control judicial para la población, a fin de que los ciudadanos hagan valer de manera efectiva sus derechos a tener un debido proceso. Estas campañas deben tener como público objetivo preferencial a las Facultades de Derecho –especialmente a los jóvenes abogados- y a los grupos de micro y pequeños empresarios.  
  • Es necesaria una mayor formación ética al interior de las Universidades, que precise la función que cumple el abogado en el sistema de justicia y rescate el papel fundamental que tiene una correcta administración de justicia para alcanzar mayor bienestar y desarrollo.  
  • Deben fijarse procedimientos más estrictos para la aplicación de medidas cautelares tanto fuera como dentro del proceso, siendo recomendable la formación de una Comisión Mixta, integrada por magistrados y empresarios, que permita fijar límites claros a estos mecanismos y poner fin al festín actual de medidas cautelares, que solo alimentan una mayor corrupción.  
El rol de la OCMA frente a la corrupción judicial – Talleres de Trabajo


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