LA JUSTICIA EN
EL PERÚ, UN APORTE PARA CORREGIR Y AUMENTAR
He decidido no
volver a escribir sobre política ni sobre las Compañías de Seguros que se
llevan NO menos del 70% de clientes de las AFP (de la cual son dueñas) cumplida
la edad de jubilación a los que les pagan una pensión de por vida luego de
haber recibido la integridad de su fondo (nunca es más vigente la frase del
panzón AGP a esos negocios “la plata les llega sola”). La primera es una
cloaca, les pondré un último ejemplo, ayer, 18 de diciembre de 2015, en ATV+ a
las 20 horas, un señor obeso de apellido Medina, dizque “analista político”
dijo que la japonesa Fujimori es posible que gane en primera vuelta ¿Por qué?,
pues según él, el antivoto contra esa persona es del 40% y como tiene –para él-
un sólido tercio del electorado, existe un 25% que no tiene decidida su
votación y bien podrían apoyarla. En cuanto a “plata como cancha” estima que el
que no lea ni escriba bien NO (repito NO) es un tema relevante, ¿porqué?, pues
porque la gran mayoría de peruanos no escribe ni habla bien, además a su favor
–siempre en la versión de este obeso analista- tiene firme y decidida voluntad
de llegar a ser presidente, los otros pendejos, por definición, no la tienen,
¿Qué les parece? Y no olviden que estamos hablando de un humano que nos
representará en el Mundo, finalmente en cuanto al retiro del 95.5% de los
fondos acumulados que tienen los clientes de las AFP al cumplir los 65 años de
edad, está en manos de un impresentable, que haga lo que salga de sus forros
vendidos al gran capital.
Pienso que más
aportaré proponiendo algunas ideas, como es el caso de un amigo virtual y real,
Juan Carlos Galli Silva en el tema de la educación.
De tal manera que,
comenzaré por la JUSTICIA a la cual
estoy ligado hace 30 años en mi condición de abogado.
Ayer mismo y en el
mismo programa de ATV, se presentó Walter Gutiérrez con un librito que examina
la realidad de la justicia en el Perú, bueno es lo que dijo el entrevistador,
un esfuerzo conjunto de abogados y periodistas convocados por “Gaceta
Jurídica”, propiedad de Gutiérrez, antes de continuar preciso que, cuando fue
Decano de la Orden (Gutiérrez) y en la segunda asistencia que he tenido a una
Asamblea General en mis 30 años de Abogado, propuse debatir el tema de las AFP
(pensaba en ese entonces que el problema eran ellas y no las Compañías de
Seguros) pero se negó y armé un alboroto de proporciones sin resultado alguno,
HASTA EL DÍA DE HOY el Colegio al cual pertenezco ha esquivado pronunciarse.
Escuché la
misma historia basada en porcentajes,
corrupción, falta de presupuesto y de una base de datos que permita un análisis
muy fino para sugerir cambios.
En mi opinión y de
todo ser pensante, el problema es el humano, nada cambiará si se aumentan
sueldos (los administrativos seguirán atendiendo muy mal a los litigantes
–generalmente, visto como litigante
y recibo ese trato, no de todos, sí de la mayoría), ni creando infraestructura,
ni aumentando el presupuesto.
Naturalmente la
JUSTICIA no sólo es el Poder Judicial, también el Ministerio Público, la
Policía, la informalidad DEL PENSAMIENTO, una de las preocupaciones del librito
era la excesiva carga procesal, Tres millones de expedientes en trámite,
Gutiérrez señalaba que, en otras realidades iniciar una demanda exigía
rigurosos requisitos y, por ejemplo (agregado que me pertenece) no debería
admitirse demandas por el robo de una gallina y que esta eventualmente llegue a
la Corte Suprema –lo que pretendo graficar es
la inutilidad de poner en marcha TODO el orden jurídico por problemas
menores- no obstante, observamos a diario como está aumentando el desprecio por
la autoridad, tengo un caso en el que un usurpador se baja los pantalones y
enseña sus genitales en presencia de la fuerza pública y le importa un cuervo
muerto que lo fotografíen, ¿saben porqué?, porqué detrás de él hay un marino
asimilado con el grado de comandante. En las invasiones los invasores se niegan
a ser desalojados y atacan a la fuerza pública, la gente piensa “informalmente”
como informal es su vida diaria.
Imponer la JUSTICIA
es la “última frontera” (disculpen la alusión a una serie de Ciencia-Ficción)
de la sociedad civilizada, ¿Qué propongo para alcanzarla?
1) Eliminar la OCMA y el Consejo Nacional de la Magistratura.
2) Eliminar requisitos como el “doctorado” en nuestro País se compra todo
( las universidades “combi” no tienen reparos en venderlos) o se falsifican
diplomas sin la menor vergüenza y NADIE puede decir que ello no es cierto.
3) Eliminar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional
y de la Defensoría del Pueblo por el Congreso.
¿Por qué?, veamos:
1.- La OCMA es un
ente burocrático que JAMÁS cumplirá sus
funciones, un juez no puede evaluar ni someter a destitución a otro, pues en
algún momento esa figura cambiará de lado. No olvidemos que hace más de diez
años (Pro Justiciase evaluó la labor de la OCMA) y hoy en lugar de rectificar
se ha empobrecido aún más y la corrupción ha invadido sus instancias.
2.- El Consejo
Nacional de la Magistratura, por los resultados vistos, no obstante “las
exigencias” para los nombramientos de jueces y fiscales, producen –por así
decirlo- jueces de pacotilla.
3.- El Congreso es
político y quienes conforman el Tribunal Constitucional TECNICOS, además, los
magistrados así escogidos (todos con “doctorados”, phd y sabrá Dios cuantos
títulos más y trabajos publicados) por
el sólo hecho de conformar “una terna” se sienten “semidioses griegos”, sucede
lo mismo con los vocales de la Corte Suprema (en cuanto a los títulos y lo que
ellos “supone representan”), cuando son elegidos ¡¡son dioses!!, hablar con
cualquiera de ellos es una tragedia romana jejeje!! (para no repetir griega).
4.- Eliminar la
evaluación de jueces y fiscales cada siete años.
¿Qué HACER?
Hemos leído,
escuchado y tal vez visto, como se escandalizan los “doctores de la ley” si
acaso se sugiriera que, en lugar de que los nombre el Congreso se sometan a un
concurso de oposición, ¡¡no puede existir peor insulto!!, el abogado Alfredo
Bullard a raíz de un proyecto del ejecutivo de incorporar a los árbitros en el
delito de prevaricato, escribió: ¡¡INACEPTABLE!!,
la honradez, integridad, profesionalismo, dedicación, lealtad y probidad ESTÁN FUERA DE TODA DUDA, ningún BUEN
árbitro aceptará (escribía Bullard) serlo y sólo se quedarán los malos. Lo que
les acabo de decir, son “semidioses”, BUENO PUES, ESO HAY QUE CAMBIARLO.
¿Cómo HACERLO?
Todos los cargos de
Jueces y Fiscales y de los miembros del Tribunal Constitucional, así como del
Defensor del Pueblo, DEBEN SER SOMETIDOS A CONCURSO PUBLICO DE OPOSICIÓN, donde
los títulos adicionales a la profesión exigida sirvan sólo para la elevar la autoestima de quién los ostenta.
¿Cómo deben ser los
concursos?
Si se decide
incorporar jueces o fiscales por concurso externo, por ejemplo, para el
Distrito Judicial de Puno, deberá nombrarse, por el tiempo que dure el
concurso, una comisión de personas representativas de la sociedad puneña, la
postulación será abierta, más en ningún caso podrán postular a las provincias
y/o distritos de ese departamento, los abogados domiciliados en las provincias
y/o distritos donde existan una o más vacantes, por ejemplo, si se requieren
jueces y fiscales en Cangallo, los postulantes pueden ser de cualquier lugar de
Puno menos de Cangallo.
¿Cómo se evaluaría?
Se nombran cinco
abogados del Departamento de Tacna (es un ejemplo) nunca de Puno, debidamente remunerados por el
período que dure el concurso hasta la designación y nombramiento de los
ganadores, las preguntas y calificación final les corresponde exclusivamente a
ellos con la presencia insustituible de los representantes de la sociedad
puneña, quienes tendrán acceso a todo el proceso, menos a las preguntas.
Los resultados de
las evaluaciones se publicarán hasta en el mínimo detalle PERO SERÁ
INIMPUGNABLE la decisión que tomen los abogados que DEBE SER POR MAYORÍA
ABSOLUTA (no menos de cuatro votos).
Los jueces y
fiscales serán evaluados ANUALMENTE por una junta de abogados distintos a los
que los nombraron, en función a la calidad de sus sentencias NO por la
cantidad, las mismas que deberán ser colgadas en la página web, que cada
magistrado deberá abrir para tales efectos. NO es necesario y resulta obvio,
que no se evaluarán todas las sentencias, sino aquellas que por la complejidad del caso sometido a su
decisión merezcan ser analizadas.
En el caso de los
abogados del ejemplo anterior, los que realizarán las evaluaciones pueden ser
de Ica o de varios departamentos, ninguno de Tacna o Puno y por supuesto
remunerados por el período que resulte necesario a esos efectos.
La decisión de
destitución podrá ser impugnada ante la Corte Superior de Puno, pero el juez o
Fiscal NO podrá seguir ejerciendo la magistratura hasta que se resuelvan su
impugnación y quede consentida o ejecutoriada.
En el caso de concursos internos, de existir más de un
postulante para un cargo determinado, el Poder Judicial resolverá en
concordancia a su Ley Orgánica.
Ahora, ¿Quiénes
evaluarán a los magistrados supremos y cada que tiempo?
Dos años es el
período concedido por la Ley al magistrado supremo que Preside el máximo
organismo de JUSTICIA en el Perú, cada
DOS AÑOS entonces han de ser evaluados, ¿por quién?, por un número no menor de
SIETE ni mayor de ONCE de los Decanos de los Colegios de Abogados existentes en
el Perú con exclusión del Colegio de Abogados de Lima y sólo de las sentencias
en las que han sido ponentes, TODAS SUS SENTENCIAS. Evaluación que deberá ser
remunerada por su tiempo de duración y recomendaciones finales que DEBERÁN SER
EJECUTADAS, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, no bien lleguen a sus
manos.
¿Y a los Fiscales
Supremos y al Tribunal Constitucional?, los últimos deberán concursar
respetando el único requisito además de la profesión de Abogado, haberla
ejercido NO menos de 30 años o ejercido la docencia durante ese mismo período o
ambas condiciones simultáneamente, el jurado estará conformado por no menos de
once abogados, cuya presidencia la ejercerá el representante del departamento
que tenga menos concursantes inscritos, con la participación irrenunciable de
la sociedad que estará representada por ciudadanos naturales de los departamentos de los
concursantes, quienes tendrán acceso a todo el evento pero NO a las preguntas,
el resultado debe ser público en todos su detalles bajo la supervisión de los
representantes de la sociedad civil, la
decisión final se ejecutará de inmediato.
En cuanto período, será el que la ley establezca y NO podrá ser de cinco o seis años, un máximo de
tres años, ¿por qué?, pues por qué a mayor cantidad de años en el
ejercicio de una función tan delicada
como ser intérprete de la Constitución
puede relajarse y por qué además, la dinámica social que es la que impone las
pautas en los cambios del derecho, no puede anquilosarse, exigiendo el análisis
de nuevos conceptos que no siempre se asumen con la prontitud que debiera por
seres humanos que tienen una perspectiva anclada en principios que podrían
haber sido superados.
En cuanto a los
Fiscales Supremos, constituyéndose en funcionario de opinión, serán los
supremos los que decidirán de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica, sin
perjuicio, de estimarlo necesario, someter
a uno o más de sus integrantes a la
evaluación prevista para los Magistrados de la Corte Suprema de la República.
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