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Roma, Historia y Cuna del Derecho

jueves, 16 de junio de 2016

PPK Y EL FUTURO DEL PERÚ - PODER JUDICIAL

PPK Y EL FUTURO DEL PERÚ –  PODER JUDICIAL  (páginas 219 a 225 – JUSTICIA PARA TODOS)

En nuestro País mientras más instituciones creemos o pretendamos mejorar las existentes abriremos la misma cantidad de ventanas a la corrupción NO es pues, desde mi perspectiva crear o modificar una opción pensando que con ella combatiremos este flagelo (la corrupción), mi propuesta que, obviamente, está sujeta a evaluación, correcciones y mejoras atendibles puede parecer “prima facie” la creación de una Hidra de muchísimas cabezas, sin embargo todas apuntan a obtener lo mejor de la vidriera abogadil, es decir RESULTADOS.

En el sector privado debería serlo también en el público la excelencia es una búsqueda constante, así por ejemplo, los inventarios de bienes fungibles y no fungibles cuando se realizan por el personal de la empresa o institución pública se encarga a un departamento distinto al que va a ser inventariado, de manera que, las posibilidades de apañar malos manejos se reduce casi a cero lo mismo sucede cuando se contrata una empresa especializada sin ningún vínculo con la solicitante de ninguna clase o categoría que no sea el contrato para llevar adelante el inventario, concluido el inventario “desaparece” la empresa contratada, así de sencillo.

No gozamos ni de lejos con las condiciones ciudadanas mínimas para seguir creando y/o reformando instituciones con el objetivo que mejoren.  El Plan de Gobierno de PPK aborda el problema desde el punto de vista institucional y pretende corregir la corrupción con la carrera de Jueces evaluadores entre otras medidas que sólo aumentarán la burocracia sin ninguna garantía de excelencia en el cumplimiento de sus funciones como podrán comprobar con el resumen,  tan arbitrario como en mis tres comentarios anteriores, de sus acciones que al final inserto.

La propuesta que nuevamente comparto de la que he suprimido algunos párrafos por no corresponder a mi empeño y su justificación data del 19 de diciembre de 2015. La titulé:

LA JUSTICIA EN EL PERÚ, UN APORTE PARA CORREGIR Y AUMENTAR

Y comienza de la siguiente manera:

"Ayer mismo y en el mismo programa de ATV, se presentó Walter Gutiérrez con un librito que examina la realidad de la justicia en el Perú, bueno es lo que dijo el entrevistador, un esfuerzo conjunto de abogados y periodistas convocados por “Gaceta Jurídica”, propiedad de Gutiérrez, antes de continuar preciso que, cuando fue Decano de la Orden (Gutiérrez) y en la segunda asistencia que he tenido a una Asamblea General en mis 30 años de Abogado, propuse debatir el tema de las AFP (pensaba en ese entonces que el problema eran ellas y no las Compañías de Seguros) pero se negó y armé un alboroto de proporciones sin resultado alguno, HASTA EL DÍA DE HOY el Colegio al cual pertenezco ha esquivado pronunciarse, bueno eso era hasta el 19 de diciembre del 2015,  su opinión en la actualidad sobre las AFP NO VALDRÍA una lengua muerta.

Escuché la misma  historia basada en porcentajes, corrupción, falta de presupuesto y de una base de datos que permita un análisis muy fino para sugerir cambios.

En mi opinión y de todo ser pensante, el problema es el humano, nada cambiará si se aumentan sueldos (los administrativos seguirán atendiendo muy mal a los litigantes –generalmente, visto como litigante y recibo ese trato, no de todos, sí de la mayoría), ni creando infraestructura, ni aumentando el presupuesto.

Naturalmente la JUSTICIA no sólo es el Poder Judicial, también el Ministerio Público, la Policía, la informalidad DEL PENSAMIENTO, una de las preocupaciones del librito era la excesiva carga procesal, Tres millones de expedientes en trámite, Gutiérrez señalaba que, en otras realidades iniciar una demanda exigía rigurosos requisitos y, por ejemplo (agregado que me pertenece) no debería admitirse demandas por el robo de una gallina y que esta eventualmente llegue a la Corte Suprema –lo que pretendo graficar es  la inutilidad de poner en marcha TODO el orden jurídico por problemas menores- no obstante, observamos a diario como está aumentando el desprecio por la autoridad, tengo un caso en el que un usurpador se baja los pantalones y enseña sus genitales en presencia de la fuerza pública y le importa un cuervo muerto que lo fotografíen, ¿saben porqué?, porqué detrás de él hay un marino asimilado con el grado de comandante. En las invasiones los invasores se niegan a ser desalojados y atacan a la fuerza pública, la gente piensa “informalmente” como informal es su vida diaria.

Imponer la JUSTICIA es la “última frontera” (disculpen la alusión a una serie de Ciencia-Ficción) de la sociedad civilizada, ¿Qué propongo para alcanzarla?

1)      Eliminar la OCMA y el Consejo Nacional de la Magistratura.
2)      Eliminar requisitos como el “doctorado” en nuestro País se compra todo (las universidades “combi” no tienen reparos en venderlos) o se falsifican diplomas sin la menor vergüenza y NADIE puede decir que ello no es cierto.
3)      Eliminar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo por el Congreso.
¿Por qué?, veamos:

1.- La OCMA es un ente burocrático que JAMÁS  cumplirá sus funciones, un juez no puede evaluar ni someter a destitución a otro, pues en algún momento esa figura cambiará de lado. No olvidemos que hace más de diez años (Pro Justiciase evaluó la labor de la OCMA) y hoy en lugar de rectificar se ha empobrecido aún más y la corrupción ha invadido sus instancias.

2.- El Consejo Nacional de la Magistratura, por los resultados vistos, no obstante “las exigencias” para los nombramientos de jueces y fiscales, producen –por así decirlo- jueces de pacotilla.

3.- El Congreso es político y quienes conforman el Tribunal Constitucional TECNICOS, además, los magistrados así escogidos (todos con “doctorados”, phd y sabrá Dios cuantos títulos más y trabajos publicados)  por el sólo hecho de conformar “una terna” se sienten “semidioses griegos”, sucede lo mismo con los vocales de la Corte Suprema (en cuanto a los títulos y lo que ellos “supone representan”), cuando son elegidos ¡¡son dioses!!, hablar con cualquiera de ellos es una tragedia romana jejeje!! (para no repetir griega).

4.- Eliminar la evaluación de jueces y fiscales cada siete años.

¿Qué HACER?

Hemos leído, escuchado y tal vez visto, como se escandalizan los “doctores de la ley” si acaso se sugiriera que, en lugar de que los nombre el Congreso se sometan a un concurso de oposición, ¡¡no puede existir peor insulto!!, el abogado Alfredo Bullard a raíz de un proyecto del ejecutivo de incorporar a los árbitros en el delito de prevaricato, escribió: ¡¡INACEPTABLE!!, la honradez, integridad, profesionalismo, dedicación, lealtad y probidad ESTÁN FUERA DE TODA DUDA, ningún BUEN árbitro aceptará (escribía Bullard) serlo y sólo se quedarán los malos. Lo que les acabo de decir, son “semidioses”, BUENO PUES, ESO HAY QUE CAMBIARLO.

¿Cómo HACERLO?

Todos los cargos de Jueces y Fiscales y de los miembros del Tribunal Constitucional, así como del Defensor del Pueblo, DEBEN SER SOMETIDOS A CONCURSO PUBLICO DE OPOSICIÓN, donde los títulos adicionales a la profesión exigida sirvan sólo para  la elevar la autoestima de quién los ostenta.

¿Cómo deben ser los concursos?

Si se decide incorporar jueces o fiscales por concurso externo, por ejemplo, para el Distrito Judicial de Puno, deberá nombrarse, por el tiempo que dure el concurso, una comisión de personas representativas de la sociedad puneña, la postulación será abierta, más en ningún caso podrán postular a las provincias y/o distritos de ese departamento, los abogados domiciliados en las provincias y/o distritos donde existan una o más vacantes, por ejemplo, si se requieren jueces y fiscales en Cangallo, los postulantes pueden ser de cualquier lugar de Puno menos de Cangallo.

¿Cómo se evaluaría?

Se nombran cinco abogados del Departamento de Tacna (es un ejemplo) nunca  de Puno, debidamente remunerados por el período que dure el concurso hasta la designación y nombramiento de los ganadores, las preguntas y calificación final les corresponde exclusivamente a ellos con la presencia insustituible de los representantes de la sociedad puneña, quienes tendrán acceso a todo el proceso, menos a las preguntas.

Los resultados de las evaluaciones se publicarán hasta en el mínimo detalle PERO SERÁ INIMPUGNABLE la decisión que tomen los abogados que DEBE SER POR MAYORÍA ABSOLUTA (no menos de cuatro votos de un total de cinco evaluadores).

Los jueces y fiscales serán evaluados ANUALMENTE por una junta de abogados distintos a los que los nombraron, en función a la calidad de sus sentencias NO por la cantidad, las mismas que deberán ser colgadas en la página web, que cada magistrado deberá abrir para tales efectos. NO es necesario y resulta obvio, que no se   evaluarán  todas las sentencias, sino aquellas que  por la complejidad del caso sometido a su decisión merezcan ser analizadas.

En el caso de los abogados del ejemplo anterior, los que realizarán las evaluaciones pueden ser de Ica o de varios departamentos, ninguno de Tacna o Puno y por supuesto remunerados por el período que resulte necesario a esos efectos.

La decisión de destitución por incompetencia EVIDENTE podrá ser impugnada ante la Corte Superior de Puno, pero el juez o Fiscal NO podrá seguir ejerciendo la magistratura hasta que se resuelvan su impugnación y quede consentida o ejecutoriada.

En el caso de concursos internos, de existir más de un postulante para un cargo determinado, el Poder Judicial resolverá en concordancia a su Ley Orgánica.

Ahora, ¿Quiénes evaluarán a los magistrados supremos y cada que tiempo?
Dos años es el período concedido por la Ley al magistrado supremo que Preside el máximo organismo de JUSTICIA  en el Perú, cada DOS AÑOS entonces han de ser evaluados, ¿por quién?, por un número no menor de SIETE ni mayor de ONCE de los Decanos de los Colegios de Abogados existentes en el Perú con exclusión del Colegio de Abogados de Lima y sólo de las sentencias en las que han sido ponentes, TODAS SUS SENTENCIAS. Evaluación que deberá ser remunerada por su tiempo de duración y recomendaciones finales que DEBERÁN SER EJECUTADAS, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, no bien lleguen a sus manos.

¿Y a los Fiscales Supremos y al Tribunal Constitucional?, los últimos deberán concursar respetando el único requisito además de la profesión de Abogado, haberla ejercido NO menos de 30 años o ejercido la docencia durante ese mismo período o ambas condiciones simultáneamente, el jurado estará conformado por no menos de once abogados, cuya presidencia la ejercerá el representante del departamento que tenga menos concursantes inscritos, con la participación irrenunciable de la sociedad que estará representada por ciudadanos  naturales de los departamentos de los concursantes, quienes tendrán acceso a todo el evento pero NO a las preguntas, el resultado debe ser público en todos su detalles bajo la supervisión de los representantes de la sociedad civil,  la decisión  final se ejecutará de inmediato.

En cuanto período ejerciendo como Tribuno será el que la ley establezca y  NO podrá ser de cinco o seis años,  un máximo de  tres años, ¿por qué?, pues por qué a mayor cantidad de años en el ejercicio de una función  tan delicada como  ser intérprete de la Constitución puede relajarse y por qué además, la dinámica social que es la que impone las pautas en los cambios del derecho, no puede anquilosarse, exigiendo el análisis de nuevos conceptos que no siempre se asumen con la prontitud que debiera por seres humanos que tienen una perspectiva anclada en principios que podrían haber sido superados.
En cuanto a los Fiscales Supremos, constituyéndose en funcionario de opinión, serán los supremos los que decidirán de acuerdo a lo dispuesto en su Ley Orgánica, sin perjuicio, de estimarlo necesario,  someter a uno o más de sus integrantes  a la evaluación prevista para los Magistrados de la Corte Suprema de la República.


PLAN DE GOBIERNO DE PPK – JUSTICIA PARA TODOS

OBJETIVO GENERAL: POR UN SISTEMA DE JUSTICIA CONFIABLE, INCLUSIVO Y EFICIENTE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LA AFIRMACIÓN DE DERECHOS.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: Por un Acuerdo Nacional por la Justicia.
Tal como lo acaba de proponer Transparencia –antes lo hizo Justicia Viva–Instituto de Defensa Legal (IDL)3 y hace varios años lo recomendó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS)4 – las instituciones que integran el sistema de justicia, los poderes del Estado, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil deben celebrar un acuerdo que asegure el desarrollo de una política de Estado en materia judicial. Este acuerdo establecerá las líneas matrices para una reforma integral del sistema de justicia, comprendiendo la asignación de los recursos necesarios y la participación activa de cada uno de los participantes en la implementación de un sistema de justicia independiente, eficiente, inclusivo y libre de corrupción.


LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: Profunda reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es reformado constitucional y legalmente para que cumpla, con eficiencia, transparencia y sin acusaciones o escándalos de corrupción, las potestades que la Constitución le ha encargado.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: Consolidar la rectoría de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia es reformada para consolidar su rol rector dentro del sistema de justicia, redefiniendo sus funciones y reduciendo su carga procesal para favorecer su labor orientadora de la jurisprudencia, a través de precedentes vinculantes que contribuyan a la predictibilidad de la justicia.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4: Fortalecimiento de la justicia penal nacional contra el crimen organizado.
Fortalecer la Sala Penal Nacional, terminar de implementar plenamente el nuevo Código Procesal Penal en todo el país, descentralizar la justicia penal para garantizar el enfoque local de la persecución del delito y garantizar la presencia de por lo menos un juez de paz letrado en la comisaría principal de cada distrito de Lima Metropolitana y Callao.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer la justicia de paz no letrada y la justicia comunal y rondera.
Ampliar la competencia de los jueces de paz no letrados, con la finalidad de que operen como primera instancia en asuntos de familia y en otras controversias de naturaleza civil –tal como ha sido propuesto por Transparencia– con el fin de mejorar la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal y rondera de las poblaciones originarias.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 6: Mecanismos de control interno fortalecidos y más eficaces para la identificación y sanción de los hechos de corrupción.
Facultar la intervención del presidente del Poder Judicial ante graves problemas de corrupción, así como establecer la especialidad de jueces contralores en la carrera judicial.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 7: Reformar el sistema de defensa judicial del Estado.
Asignar los recursos necesarios y hacer las reformas indispensables para asegurar la independencia funcional y el profesionalismo del sistema de defensa judicial del Estado, a efectos de impedir que el Estado siga perdiendo millones de soles al año en juicios por carecer de un sistema eficaz de representación judicial.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 8: Las universidades y las facultades de Derecho son fiscalizadas para que sean parte de la lucha contra la corrupción judicial.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) cumple con eficiencia y transparencia la labor de fiscalizar y –de ser el caso– clausurar universidades o facultades de Derecho que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad de la enseñanza universitaria. Tómese en cuenta que representantes de universidades públicas y privadas suelen ocupar cargos muy importantes en órganos como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre otros




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