Efectivamente es un tema judicial, sin embargo, la naturaleza política de la interpelación no tiene, a mi juicio, la intencionalidad de anular el convenio que, es responsabilidad del Ejecutivo y sus abogados que, por extensión y en este caso puntual, afecta a los peruanos más pobres.
El contrato se firmará porqué ha sido decidido por el Presidente en ejercicio, pero el daño causado debe pagarse.
Sugiero que, el pago de la reparación civil se destine mediante ley, a propuesta del Ejecutivo, para la atención de las necesidades más apremiantes de los pobres y no tendría que esperarse quince años para ello. La constructora puede pagar con obras de beneficio directo a la población, por ejemplo la construcción de por lo menos un Hospital de primer nivel, dotar a las comunidades más alejadas de movilidad para el traslado de los niños que deben caminar una o dos horas a pie para llegar a su Centro de estudios, GARANTIZANDO EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES, obviamente que este tipo de transporte sea el adecuado o comprar embarcaciones para el mismo fin y con las mismas garantías.
Son ideas sueltas, pueden haber mejores PERO QUE SE HAGAN ¡YA! .
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