En el desarrollo de estos artículos daremos contenido a un
Estado constructor de ciudadanía.
Por: Carlota Salazar Calderón
Concebimos ese Estado como formador, educador y un gran
hacedor y creador de ciudad, de espacios públicos, de armonía con sus
ciudadanos.
Decidimos comenzar con el Poder Judicial. El poder público
que administra la constitucionalidad y legalidad del Estado. Es decir, premia y
castiga, con el conjunto de normas que la sociedad establece para conducirse,
sus límites de actuación (Orden Social). Este poder público del sistema
político venezolano, que tiene como norte la paz social, lo vamos a desdoblar
desde sus vertientes: humana y normativa. Entendiendo que la una depende de la
otra.
Para reflejar la parte humana traigo a colación una expresión
de mi padre, Dr. Luis Beltrán Salazar González, el hombre no imparte justicia,
“justicia la imparte Dios”, el hombre administra la legalidad. Porque en
definitiva en un sistema compuesto por seres humanos, que se equivocan, son
erráticos..., debe hacer todo lo posible para que los valores y principios
democráticos y la ética personal y profesional sean lo suficientemente sólidos,
como para defenderlos. Es este sentido sentenciaba, mi padre: ¡no importa quien
los proponga si luego hacen lo que deben hacer!
La importancia de esta talla ética y moral guarda relación
con que al manejarse en un marco normativo, que cuando lo tuercen, lo manipulan
y colocan a su servicio, le hacen un gran daño a la sociedad. De allí cobra
importancia la sociedad, una sociedad vigilante, que esté presente para que no
ocurran los desvíos o se minimicen.
Por ello, que nuestro sistema judicial, de democracia
representativa en cohabitación con la participativa, abre en su Capítulo III,
del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, en el cual programa que la
potestad de impartir justicia emana de los ciudadanos, se imparte en nombre de
la república y por autoridad de la ley (art. 253 CRBV). Pero vemos que esa
justicia que debe emanar de los ciudadanos esta desdibujada, absolutamente, en
la práctica judicial. Los ciudadanos no pintan, por ninguna parte. Ni son
consultados para la aprobación legislativa, menos para la designación de
Jueces. Incluso se ha establecido una discrecionalidad administrativa que
impiden el acceso a la información, que es un derecho constitucional, a los
juicios, a las actas, hasta a los documentos públicos. Lo cual hace que cada
día se ausente la ciudadanía del sistema judicial.
Los abogados que formamos parte de ese sistema como
auxiliares de justicia, hemos pasado a ser unos estorbos, que deben salir del
ruedo para dar paso a que sean los funcionarios los que le digan a la gente lo
que hay que hacer y como deben hacerlo. En la idea errada de una prédica
socialista de control del Estado, de que la gente debe estar en manos de las
instituciones, única y exclusivamente. La ley y el respeto por la gente en
segundo plano. Fortaleciendo un aforismo terrible, para el sistema mismo: para
mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
Se habla de un Poder Judicial independiente con autonomía
funcional y financiera, pero eso no termina siendo así, porque la intervención
del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial ha quedado al desnudo
con los informes de los Derechos Humanos, que todos conocemos. Con esto quiero
dejar claro que el funcionamiento del Poder Judicial difiere diametralmente de
los postulados constitucionales y legales, pero eso no es ahora, desde años ha:
el orden legal difiere de lo que efectivamente se hace. Es una tarea pendiente
desde tiempos de la COPRE.
El sistema judicial ha pasado a ser una telaraña de manejos
oscuros, que aleja a la ciudadanía. Todo es una puesta en escena donde las
normas están allí, pero no se aplican, tras bastidores sucede lo inimaginable.
Por estas razones el Poder Judicial en un estado que se apellide ciudadano,
debe garantizar el ejercicio de la participación ciudadana. En este sentido, no
sólo elegir los Jueces sino evaluarlos y escrutarlos públicamente, para que
atiendan al espíritu y propósito de la ley y a ese sentir ciudadano que se
anida en Estado.
El Juez, como los demás funcionarios del sistema de
justicia, deben ser un ejemplo, un referente moral que les recuerde a la gente
que hay alguien que colocará las cosas en su lugar y que sus desviaciones no
tendrán buen fin. Que les genere miedo cuando piensen en torcer la ley.
El Poder Judicial constituye el pilar moral ejemplarizante
de la sociedad. Por lo tanto, en un Estado Ciudadano los más aptos, los más
honorables, los más capaces serán los que administren justicia.
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