Alfredo Bullard en su columna
de hoy, sábado 25 de noviembre de 2017 opina sobre el proyecto de la “Comisión
de protección Social”, antes, El Decano de la prensa nacional en su Editorial
del 20 de noviembre hace lo mismo, compartiré con ustedes el texto íntegro de
ambas opiniones a las que previamente agregaré la mía. Esta es:
BANCO DE PENSIONISTAS
Por ser un ex - aportante del
sistema privado de pensiones, haber retirado el 95.5% de mi fondo, presumo de conocer un poco la
estafa de las AFP a los trabajadores, dejando en este blog evidencia
incontestable de lo que afirmo.
Mi propuesta ha sido conformar
un Banco de Pensionistas, desaparecer
ambos sistemas (público y privado) trasladando el ahorro de los trabajadores
a esta nueva entidad financiera cuyo directorio debería estar integrado por
trabajadores en actividad, pensionistas, el Estado y un representante de la
actividad privada.
Alfredo Bullard termina su
columna con la siguiente frase:
“Quitarnos la decisión sobre nuestro dinero es robar. Y,
como dice el dicho, “el Estado persigue el robo porque no le gusta la
competencia”.
Sostiene, por otro lado “El
Comercio”, en concordancia con Bullard que, crear un ente centralizador del aporte de los
trabajadores al final los perjudica.
Veamos:
Estoy de acuerdo en que un
humano no tiene que pagar los platos rotos
por la ineficiencia de un tercero, sin embargo, las AFP roban el dinero de sus
clientes y no tienen ninguna voluntad de que sus futuros pensionistas estén
representados en sus “directorios”, tampoco asegurar una rentabilidad mínima y
para pagar pensiones ridículas CON EL PROPIO DINERO de sus clientes, han creado un engendro “la
expectativa de vida” que hoy es de 110 años y pretenden aumentarla, en
cristiano, un peruano tiene la posibilidad, según las AFP por intermedio de la
SBS (compinche en estos abusos) de vivir hasta ciento diez años o más, en
consecuencia, es indispensable asegurar que, si superan los 80 años –expectativa
real- debe pensarse que podría vivir 110 años o más y proveer de fondos para
cubrir la longevidad del cliente, pero ello sucede CON TODOS ellos, es decir
las AFP conservan el DINERO DE SU CLIENTE multiplicado por el número de
afiliados ya jubilados QUE RECIBIRÁN una pensión menor a la que realmente les
corresponde y la diferencia se queda en manos de las AFP que seguirán “invirtiendo”
ese dinero sin que los afiliados sepan cuanto es y si se incorpora a su fondo
de reserva, recuerdo aquí que esta posibilidad se da en la modalidad de RETIRO
PROGRAMADO el tema de las compañías de seguros a las que la plata de los
clientes de las AFP LES LLEGABA SOLA tiene un tratamiento distinto del que no
me ocuparé.
Con un Banco de Pensionistas –entidad
financiera como cualquier otra- los pensionistas y trabajadores al tiempo que
ahorran podrían acceder a un tratamiento crediticio con el respaldo de sus
fondos y con un trato preferencial para estos debidamente regulado en cuanto a
montos y formas de pago. Sabrán por
intermedio de sus representantes en el Directorio de este Banco cuál es su
situación financiera, estaría abierto a la contribución de los independientes y
las inversiones se realizarían con total transparencia sin las limitaciones que
alegan tener las AFP en la actualidad. Naturalmente que el aporte a su fondo de
pensión dejaría de incrementarse si se queda sin empleo, esta dificultad se
soluciona si la demanda laboral es sostenida, un seguro de desempleo del que
una parte se destinaría para su ahorro previsional.
El Estado es un LADRÓN no hay
quién lo niegue, pruebas, en el campo de las pensiones es irrebatible, hoy en día existen juicio a
nivel internacional (CIDH) que afectan a más de dos mil peruanos que han ganado
sus juicios pero que el Estado NO respeta las decisiones judiciales esperando
que el viejo se muera pues es el único (el Estado) que puede soportar juicios
de veinte o más años de duración.
COMPARTO AHORA el Editorial y
luego la opinión de Alfredo Bullard por ser aquel anterior a ésta.
HE AQUÍ AMBAS POSTURAS:
EDITORIAL
Editorial: Gato en despensero
La propuesta de la Comisión de
Protección Social para centralizar el mercado previsional trae más riesgos que
beneficios.
Editorial El Comercio
CPS
La Comisión de Protección Social
(CPS), nombrada por el Ejecutivo a inicios de año, presentó su informe final la
semana pasada. (Foto:
MEF)
Editorial El Comercio
20.11.2017 / 05:35 am
Las AFP no son las empresas
más populares. Ello se debe en parte a que no forman parte de un mercado
propiamente libre –basado en la voluntad de sus clientes–, sino que son un
servicio obligatorio incómodo; en parte a que existe mucho desconocimiento en
la población sobre el mercado previsional; y en parte también a sus propios
errores y miopía. Es por eso que cualquier iniciativa legal que parezca perjudicar
el negocio de las AFP en supuesto favor de sus afiliados automáticamente suma
algunos puntos políticos. Ahí están para probarlo, por ejemplo, las normativas
sobre el retiro anticipado, la disposición del 25% del fondo acumulado para la
compra de la primera vivienda, o el retiro del 95,5% del fondo total al
cumplirse la edad de jubilación.
Este contexto de animadversión
popular y política hacia las AFP hace incierto el futuro del sistema
previsional y posible reformas que perjudican –a la larga– a los afiliados.
Curiosamente, una de las propuestas más recientes y potencialmente riesgosas
sobre la reforma del sistema proviene no de una iniciativa de corte populista
del Congreso, sino de la Comisión de Protección Social (CPS), nombrada por el
Ejecutivo a inicios de año. Como se sabe, esta comisión tenía el encargo de
sugerir propuestas en materia de salud, laboral y previsional, y presentó su
informe final la semana pasada.
En concreto, lo que la CPS
sugiere es la creación de una “entidad centralizadora” que se encargaría de
gestionar toda la relación con los afiliados al sistema, recibir sus aportes,
administrar sus cuentas, pagar los beneficios, y seleccionar vía licitación a
los gestores de carteras de inversión (GCI) –entidades que reemplazarían a las
actuales AFP–. Según la CPS, esta centralizadora “podría ser un ente público
[…], o un monopolio privado debidamente regulado”, para a continuación
mencionar que “la ONP puede constituirse en la base de este nuevo ente
centralizador, aunque pueden evaluarse otras alternativas”.
Si bien es cierto que
teóricamente existen algunas ganancias de eficiencia en el proceso de
centralización que sugiere la CPS, la verdad es que forzar una estructura
monopólica elimina los incentivos de mejora que trae la competencia de mercado
y es sumamente riesgoso –más aun si existe la posibilidad de que ese monopolio
sea público–. La misma CPS menciona que la centralizadora “tendría que ser
independiente, profesional, eficiente, bien regulada, y sujeta a estándares
altos de gobierno corporativo, transparencia y rendición de cuentas”. En este
punto, no puede uno dejar de preguntarse cuántas entidades públicas cumplen con
esos mismos requisitos.
Más bien, por lo general, el
monopolio público ha probado ser en el Perú una de las estructuras de mercado
menos eficientes y competentes. La actual composición del mercado previsional
está fragmentada entre las AFP, la ONP y Pensión 65, es ineficiente y es poco
inclusiva, pero de todo ello no se desprende –ni de cerca– que la solución sea
un monopolio público. Esto último abre además las puertas a potenciales
intromisiones políticas y populistas en el manejo del dinero de los afiliados.
Como en otras secciones de su
informe, en lo que respecta al mercado previsional, la CPS parece suponer que
el Estado Peruano es más institucional y financieramente sólido de lo que en
realidad es. Sus planteamientos –aparentemente inspirados en estados de
bienestar europeos– parecen pasar por alto que un sector público que aún no es
capaz de llevar agua o seguridad a sus ciudadanos –por mencionar dos ejemplos
elementales–, difícilmente podrá gestionar eficientemente los miles de millones
de soles de los afiliados del sistema previsional.
COLUMNA DE ALFREDO
BULLARD
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/in-seguridad-social-alfredo-bullard-noticia-476563
los derechos de los
individuos".
Alfredo Bullard25.11.2017 /
05:30 am
Friedrich von Hayek habla de
las “palabras comadreja” o “envenenadas”. Son términos que agregados a otra
palabra la convierten en exactamente lo contrario.
Una de esas palabras es
“social”. Añada social a otra palabra y mágicamente la convertirá en su antónimo.
Democracia social es un
sistema que traslada a la decisión sobre quién gobierna no a los ciudadanos
sino a un aglomerado impreciso e inidentificable que se arroga la posibilidad
de gobernar al margen de la verdadera voluntad popular.
Justicia social es la negación
de la auténtica justicia, de la justicia “a secas”. Es un sistema en donde lo
que es justo responde al sentimiento de la mayoría y no a los derechos de los
individuos, los que pueden ser avasallados en la búsqueda de un supuesto fin
superior.
Un derecho social es
justamente un no derecho, quitándole la esencia individual a toda titularidad
para difuminar sus límites y alcances en un abstracto indescifrable donde nada
es de nadie y todo es de todos.
La propiedad social
velasquista no fue sino una forma grosera de confiscación de la propiedad a sus
titulares legítimos para desaparecerla.
Y el término “seguridad
social” no se libra del efecto “comadreja”. Los sistemas de seguridad social
han sido un simple juego de pirámide, un CLAE legalizado y forzoso, que conduce
inevitablemente a la quiebra del sistema. Nada más inseguro que la seguridad
social.
Siempre he estado en contra
del ahorro forzoso. Creo en una sociedad de personas libres y responsables. Es
cada uno, y no el Estado, el que debe decidir cómo y para qué ahorrar. El
paternalismo de forzar a protegernos ahorrando nos convierte en individuos
irresponsables e incapaces de beneficiarnos de nuestros aciertos y de responder
por nuestros errores. Por eso no creo en el sistema de seguridad social pública
como tampoco creo en el sistema de AFP. En ambos, el punto de partida es el
paternalismo.
Pero hay que reconocer que, al
menos, el sistema de AFP fue un intento de mejorar parte de lo que estaba mal,
retirando la palabra “social” del lado de “seguridad”. El uso de un fondo
individual nos devolvió en parte la posibilidad de ser responsables a través de
nuestra elección, para elegir el destino que consideráramos mejor para nuestros
ahorros. Por supuesto que es posible (y probable) que cometamos errores. Es
consustancial con la naturaleza humana. Pero es mejor pagar por nuestros
errores que por los ajenos. Porque no hay nada peor que pagar los platos rotos
por otros.
El sistema de AFP al menos
genera competencia. Al cambiar un sistema monopólico estatal por uno
competitivo, teníamos la oportunidad de mejorar por nuestras propias
decisiones.
La propuesta de la Comisión de
Protección Social (otra vez la “palabra comadreja” se cumple, pues estamos ante
una comisión que en realidad nos trae desprotección a nuestro ahorro) es un
disparate sin pies ni cabeza. Con el argumento de crear competencia, crea en
realidad un monopolio de dos caras: una para quitarnos a los ciudadanos el
derecho a elegir y la otra para limitar la competencia entre las AFP convirtiéndose
en un monopsonio de entrega de fondos.
Usted ya no elegirá su AFP.
Enfrentará un monstruo parecido a la ONP en el que, como buen organismo de
seguridad social, ya nada es de nadie y todo es de todos. Por supuesto que un
ciudadano puede equivocarse al elegir su AFP, pero los funcionarios de una
nueva versión de la ONP se van a equivocar. No tienen incentivo para hacer lo
correcto. Será el Estado el que tendrá nuestros ahorros bajo su control. Le
pregunto: si el Estado creara una AFP social, ¿le entregaría voluntariamente
sus aportes? Yo ni loco. Nunca hubiera entregado voluntariamente un centavo al
sistema estatal de seguridad social.
La socialización de nuestros
ahorros es entregarlos al clientelismo, al populismo o ambas cosas a la vez.
¿Tiene alguna duda de que este u otro gobierno echará mano de nuestros ahorros
cuando tenga un problema fiscal como se hizo sin asco en Argentina? ¿O que
mañana el gobierno no expropiará nuestros fondos para gastarlos en aumentar su
popularidad? Y es que la idea de “responsabilidad social” no es sino
convertirnos a todos en unos irresponsables.
Quitarnos la decisión sobre
nuestro dinero es robar. Y, como dice el dicho, “el Estado persigue el robo
porque no le gusta la competencia”.
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