La propuesta de referéndum para diversas modificaciones constitucionales no fue la única sorpresa del discurso presidencial por Fiestas Patrias. Un asunto que llamó la atención por su alcance fue la referencia del presidente Vizcarra a los numerosos juicios pendientes contra la ONP. “En el 2015, el 88% de demandas presentadas contra el Estado se concentraron en pocas entidades de la administración pública, y el 29% de demandas estuvieron dirigidas contra la ONP, siendo la entidad pública más demandada”, señaló el mandatario, para luego disponer que, en un plazo de quince días, la entidad previsional presente un plan de descarga procesal que “evite a nuestros adultos mayores trámites innecesarios y maltratos que no merecen”.
COMENTARIO: Debe completarse lo que dijo el Presidente...y permitir así una vida más digna a los adultos mayores" que con una pensión congelada hace DIECIOCHO AÑOS, semejante declaración no sólo es una burla sino un insensato insulto a la miseria que deben soportar los ancianos.
La iniciativa del mandatario ha sido bien recibida. La judicialización de procesos que bien podrían ser resueltos en un plazo más breve por la vía administrativa es una falla general de este y otros mecanismos estatales de atención al público. Encarar esta distorsión de las reglas de juego acortaría plazos y ahorraría recursos tanto a los afiliados y pensionistas de la ONP como a la institución misma y al Poder Judicial (solo en abogados la ONP habría gastado S/166,6 millones en los últimos diez años). Como señaló el presidente, “no podemos permitir que un juez disponga de su tiempo para estos procesos en su mayoría contenciosos administrativos en vez de darle celeridad a los procesos abiertos por acusaciones de actos de corrupción”.
COMENTARIO: Esta sugerencia significa MODIFICAR la Ley de procesos contencioso administrativos y adicionalmente, estando al derecho constitucionalmente protegido de la doble instancia, modificar nuestra Carta Magna para excluir y en determinados casos las acciones judiciales pronovidas contra o por la ONP al no estar el justiciable conforme con lo que se haya resuelto.
La causa de fondo de esta sobrejudicialización, sin embargo, va más allá del alcance de la propuesta del mandatario. La ONP, como otros sistemas de reparto, dispone de un número mínimo de años de cotización –en este caso, 20– como condición para poder acceder a una pensión. En un mercado laboral donde el empleo informal es la regla más que la excepción, esto genera que personas que solo pudieron insertarse al sector formal por un período menor a dos décadas –o no puedan acreditar más tiempo de trabajo formal– pierdan todo lo aportado. Según diversas investigaciones, este es el caso para aproximadamente dos de cada tres afiliados a la ONP. Sus aportes sirven, más bien, para financiar las pensiones de aquellos que sí pudieron participar del mercado laboral formal por 20 años o más, y que presumiblemente se hallan desde el inicio en una mejor posición económica.
COMENTARIO: Esta es una falacia Y DE LAS PEORES, recientemente en el gobierno del gringo renunciante, se intentó captar a los trabajadores informales EXCLUYENDO a la ONP, la intención, como es obvio, es DESAPAERCERLA.
Si la cuestión es incorporar más trabajadores activos para solventar a los que se irán jubilando, lo correcto es PROMOCIONAR AMBOS SISTEMAS, sin ley que favorezca a uno u otro sistema, de suerte que, se OBLIGUE a ingresar a un sistema previsional público o privado INFORMAN CON VERDAD los beneficios que cada uno brinda, entre ellos por ejemplo que, si un joven que por primera vez ingresa a laborar COMPRENDA que con la actual legislación inscribirse en una AFP es condenarse a permanecer en ella pues es imposible trasladarse a la ONP y que si se inscribe en la ONP podrá en cualquier momento cambiar al Sistema Privado de Pensiones salvo que esta alternativa se elimine y ambos signifiquen contar con la misma libertad o con las mismas restricciones.
Este mecanismo genera demandas que terminan por colapsar el sistema. A las personas que intentan demostrar 20 o más años de aporte, se suman las demandas de quienes desean contar con un mayor bono de reconocimiento para migrar al Sistema Privado de Pensiones y otras de familiares que reclaman por su pensión de viudez, orfandad y ascendencia, y que pueden durar hasta una década en resolverse. El resultado: los aproximadamente 70.000 procesos judiciales en curso que enfrentaría hoy la ONP. Un sistema administrativo que estandarice los reclamos para darles pronta solución es un avance, pero no ataca la raíz del problema que está en el sistema de reparto.
COMENTARIO: No existe problema si es de reparto o una cuenta individual, el problema es la intención del poder de eliminar la ONP y reconocer que, en el sistema privado te puedes jubilar con un año de aportes pero la pensión no será ni de un sol mensual.
Más aun, la ONP es un sistema deficitario. Los aportes de los afiliados no son suficientes para pagar las pensiones de sus jubilados. Para cubrir la diferencia, se requiere año a año de transferencias del sector público –es decir, de la ayuda de los contribuyentes nacionales–. A largo plazo, esta situación tenderá a agravarse en línea con el envejecimiento de la población.
COMENTARIO: NO es deficitario si se INCORPORAN a los informales.
La verdadera sorpresa de la propuesta del presidente Vizcarra bien podría ser que su anuncio –inadvertidamente– motive una discusión seria sobre la reforma integral del sistema previsional peruano –AFP incluidas–. El mismo presidente de la ONP, Alejandro Arrieta, propuso hace no mucho la discusión de la transición de su institución hacia una AFP pública. Caminos como este o alternativos pueden explorarse. El sistema de pensiones, por naturaleza, es de muy largo plazo; eso no significa que dispongamos de igual horizonte temporal para hacer las reformas que se requieren.
COMENTARIO: Empecemos por ser honrados.
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