«IMPUTACIÓN CONTRA JORGE ELÍAS
DANÓS ORDÓÑEZ»
608. Se le imputa a Jorge Elías Danós Ordoñez a título de autor la
presunta comisión del delito de
Colusión Agravada, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo
384° del Código Penal, toda vez que, aprovechando su condición de abogado del
Estudio JurídicoEchecopar y Asesor Legal del Comité de Proseguridad Energética,
Dirección Ejecutiva y del Jefe
del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur
Peruano”, habría formado parte del pacto colusorio, interviniendo directamente
en perjuicio del patrimonio del Estado, dirigiendo su conducta, conforme a lo
ilícitamente acordado por la pareja presidencial —Ollanta Humala Tasso y Nadine
Heredia Alarcón— y representantes del Grupo Empresarial Odebrecht.
609. Intervino directamente en el siguiente acto:
a. Elaboró el informe legal del
29 de junio del 2014; a efectos de respaldar la posición de los miembros del
Comité de Proseguridad Energética de Proinversión de descalificar al consorcio
Gasoducto Peruano del Sur, consorcio opositor de Odebrecht.
610. De su condición de servidor público: El investigado Jorge
Elías Danós Ordóñez se integró al proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética y
Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” como abogado del Estudio Echecopar, firma
contratada por Proinversión mediante la modalidad de contratación directa el 27
de junio del 2014; insertándose a la estructura de Pro inversión como asesor
para los efectos de emitir «opinión legal sobre la incidencia en la
calificación del Postor Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, respecto a la Carta
presentada por el citado consorcio en la que modifica los porcentajes de
participación de los integrantes del consorcio […], siendo que desde ese
momento sus funciones debieron estar orientadas a velar por los intereses del
Estado, lo que no ocurrió al momento que elaboró el Informe Legal de fecha 29
de junio de 2014 , el cual ocasionó perjuicio patrimonial al Estado.
611. Su función se encuentra descrita en: - La Sesión número 93 del Comité
de Pro Seguridad Energética de Proinversión, del 27 de junio del 2014 -que
emita «opinión legal sobre la incidencia en la calificación del Postor
Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, respecto a la Carta presentada por el
citado consorcio en la que modifica los porcentajes de participación de los
integrantes del consorcio […].
En esta línea de argumentación y
estando a lo señalado en la fundamentación jurídica de la presente disposición,
el imputado tiene la condición de servidor público.
Muy bien, veamos los hechos si acaso se mencionan en la CUARENTIUN PÁGINAS QUE TIENE LA SENTENCIA EN CASACIÓN.
«IMPUTACIÓN CONTRA ANA
SOFÍA REYNA PALACIOS»
612. Se le imputa a Ana Sofía Reyna
Palacios a título de autora la presunta comisión del delito de Colusión
Agravada, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 384° del
Código Penal, toda vez que, aprovechando su condición de abogada del Estudio
Jurídico Echecopar y Asesora Legal del Comité de Proseguridad
Energética, Dirección
Ejecutiva y del Jefe del Proyecto “Mejoras a la Seguridad
Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, habría formado parte del
pacto colusorio, interviniendo directamente en perjuicio del patrimonio del
Estado, dirigiendo su conducta, conforme a lo ilícitamente acordado por la
pareja presidencial —Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón— y
representantes del Grupo Empresarial Odebrecht.
613. Intervino directamente en el
siguiente acto:
a. Elaboró el informe legal del 29 de junio del 2014; a
efectos de respaldar la posición de los miembros del Comité de Proseguridad
Energética de Proinversión de descalificar al consorcio Gasoducto Peruano del
Sur, consorcio opositor de Odebrecht.
614. De su condición de servidor público:
La investigada Ana Sofía Reyna Palacios se integró al proyecto “Mejoras a la
Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” como abogada del
Estudio Echecopar, firma contratada por Proinversión mediante la modalidad de
contratación directa el 27 de junio del 2014; insertándose a la estructura de
Pro inversión como asesora para los efectos de emitir «opinión legal sobre la
incidencia en la calificación del Postor Consorcio Gasoducto Peruano del Sur,
respecto a la Carta presentada por el citado consorcio en la que modifica los
porcentajes de participación de los integrantes del consorcio […]», siendo que
desde ese momento
sus funciones debieron estar orientadas a velar por los intereses del Estado,
lo que no ocurrió al momento que elaboró el Informe Legal de fecha 29 de junio
de 2014 , el cual ocasionó perjuicio patrimonial al Estado.
615. Su función se encuentra descrita
en:
- La Sesión número 93 del Comité de Pro Seguridad Energética
de Proinversión, del 27 de junio del 2014, que emita «opinión legal sobre la
incidencia en la calificación del Postor Consorcio Gasoducto Peruano del Sur,
respecto a la Carta presentada por el citado consorcio en la que modifica los
porcentajes de participación de los integrantes del consorcio […].
En esta línea de argumentación y estando a lo señalado en la
fundamentación jurídica de la presente disposición, la imputada tiene la
condición de servidora pública [sic].
"... la Disposición Fiscal n.o
122 no modifica sino accidentalmente los hechos (es más precisa, como la misma
redacción fiscal lo afirma en el apartado 4.19, resaltado ut supra);
luego, no impide realizar el examen casacional, si esencialmente la
incriminación fáctica no se ha modificado. En los hechos, el problema atacado
con la excepción sigue siendo el mismo, los recurrentes no actuaron como
funcionarios públicos, sino como sujetos privados dentro de un rol
estereotipado que no puede ser perseguible".
ARGUMENTOS ADJETIVOS Y POR AHÍ ALGUNOS SUSTANTIVOS DE LA SALA :
"...., habiendo introducido como tema jurídico de
especial relevancia casatoria, referido al ámbito de la excepción de
improcedencia de acción, a la imputación objetiva y, en especial, a si un
consultor jurídico privado puede ser considerado funcionario público a los
efectos penales, por lo que corresponde asumir competencia funcional. Las
causales de casación son las vinculadas al quebrantamiento del precepto
procesal y a la infracción de precepto material.
En un estado ideal del proceso, la excepción de
improcedencia de acción, tanto por ausencia de tipicidad como por falta de
justiciabilidad, debería
poderse postular una vez que se tenga un requerimiento fiscal acusatorio en
forma, vale decir, en la etapa intermedia;
vale decir, una vez que la Fiscalía decide continuar
con las investigaciones preparatorias; para evitar estos sobresaltos
incontinentes de la Fiscalía, como el acontecido en este expediente, que lejos
de colaborar a una prosecución procesal célere, eficaz y en plazo razonable, lo
único que hacen es complicar un asunto que ya es de por sí complejo, tanto más
si, por las personas involucradas (expresidente de la República y exministros, entre otros), no puede
estar exento de repercusión social. Sin embargo, tal proceder ideal del proceso
requiere una reforma legislativa, por tanto, mientras se encuentre vigente el
artículo 7 del Código Procesal Penal con su redacción actual, sin.....
Artículo 7°.-
Oportunidad de los medios de defensa
1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el Juez y se resolverán necesariamente antes de culminar la Etapa Intermedia.
2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada por la Ley.
3. Los medios de defensa referidos en este dispositivo, pueden ser declarados de oficio.
.....dejar de reconocer el principio de progresividad de
la imputación al que está sometida la investigación fiscal, se impone que este
Colegiado Supremo decida el asunto casatorio concedido.
22.3. En las excepciones —como la que nos ocupa— no se analizan o valoran
pruebas o elementos de convicción[1].
22.4. La excepción de improcedencia de acción abarca
el texto del tipo penal en todos sus componentes, siempre que no se invoque o
cuestione actividad probatoria o suficiencia de elementos de convicción, para
deducirla; luego, comprende: a) tipicidad objetiva, b)
tipicidad subjetiva —si bien esta es resultado de una inferencia, debe
brotar de la redacción de la disposición o acusación fiscal, por lo que será el
caso concreto (casuística) el que nos permitirá saber si estamos ante una
realización atípica por subjetividad o exige actividad
22.6. El análisis comprende, como ejercicio de subsunción, la
comprensión de la tipicidad objetiva —en este ámbito, podría corresponder al espectro de la imputación
objetiva, dependiendo de la forma como se postule, pero el análisis es
casuístico: caso por caso—; fundamentalmente, porque la teoría de la
imputación objetiva importa un juicio; del cual un resultado real se atribuye a
una conducta, bajo la idea de que el resultado es la expresión de un riesgo no
permitido descrito en el tipo penal. El rol de la persona se tiene que
contextualizar socialmente, caso por caso, y en el ámbito en que se ha
desenvuelto el hecho
la hipótesis del excepcionante o del juez que la
imposta de oficio, no debe afincarse en juicio de valor probatorio o análisis
de la suficiencia de los elementos de convicción, el espacio probatorio está
vedado. Lo que supone que la posibilidad de ser analizado se circunscribe al
juicio de composición o descomposición —subsunción típica—,
es decir, si el constructo fiscal contraviene la sana crítica razonada, vale
decir, contrario a los principios y reglas de la lógica, al conocimiento
científico contrastable, a las máximas de la experiencia,
Trigésimo tercero. Es de advertirse
que tanto el informe emitido cuanto la carta en la que se contribuyó a elaborar
se efectuaron dentro del marco de una asesoría o consulta específica a una
situación concreta, y, como se advierte, este informe se recabó y la carta se
elaboró cuando la decisión del Comité por la descalificación del consorcio
competidor ya estaba tomada; de modo tal que, conforme a los términos del
Ministerio Público, de atribuir una presunta conducta colusoria en los
recurrentes, no se manifiesta. En cualquier caso, actuar dentro del específico
oficio de abogado no es un actuar ilícito.
MI OPINIÓN
Luego de estos conceptos doctrinarios y de la ley objetiva tanto sustancial como adjetiva, la Sala "analiza los hechos" QUE NO SE APARTAN UN MILÍMETRO DE LOS PRECEPTOS EXPUESTOS.
Todo los considerandos precedentes cuanto los que sustentan el análisis factual, tienen la clarísima intención de exculpar a dos profesionales cuyos servicios, la propia Sala pone en duda puesto que el motivo de la consulta se solicita cuando la decisión estaba tomada, hecho QUE AGRAVARÍA la participación de los profesionales pues, sus informes tenían un marco jurídico pre establecido e ilegal al cual debían sujetarlos.
La Sala advierte que los profesionales NO son funcionarios ni servidores públicos, LO QUE ES CIERTO, pienso que no existe motivo para debatir el tema y emplear diversas elaboraciones de interpretación del concepto, NO LO SON, pero esos informes GARANTIZABAN la decisión TOMADA por los funcionarios públicos que, si no se prueba que sólo era un requisito que apoye la misma (la decisión) tanto los funcionarios involucrados cuanto "los asesores" serán liberados de responsabilidad, pues si los funcionarios actuaron teniendo como fundamento la opinión profesional y ésta es el trabajo de los denunciados, libres de presión alguna, no sólo le robaran a nuestra Aldea 136 millones de Dólares sino el dinero que les parezca y complazca PARA EL FUTURO.
LOS JUECES SON CREADORES DE DERECHO y los señores Magistrados Supremos LO SON SOBRE TODAS LAS COSAS, especialmente porque los propios denunciados en su recurso casatorio invocaron el numeral cuatro del artículo 427 que norma uno de los extremos de LA CASACIÓN, que permite a los supremos Excepcional y discrecionalmente, CREAR DERECHO si lo consideran necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, es inaceptable que al nivel de conocimientos que ostentan defiendan lo indefendible como simples aplicadores del texto de uno o más códigos o citando jurisprudencia americana ABSOLUTAMENTE INAPLICABLE ni siquiera en sus conceptos por que nuestra Aldea esta a años luz de la Sociedad Norteamericana o de organismos internacionales no citados por las partes con la espuria intención de garantizar la impunidad.
