PPK
Y EL FUTURO DEL PERÚ – PODER JUDICIAL (páginas 219 a 225 – JUSTICIA PARA TODOS)
En nuestro País mientras más instituciones creemos o
pretendamos mejorar las existentes abriremos la misma cantidad de ventanas a la
corrupción NO es pues, desde mi perspectiva crear o modificar una opción pensando que con ella combatiremos
este flagelo (la corrupción), mi propuesta que, obviamente, está sujeta a
evaluación, correcciones y mejoras atendibles puede parecer “prima facie” la
creación de una Hidra de muchísimas cabezas, sin embargo todas apuntan a
obtener lo mejor de la vidriera abogadil, es decir RESULTADOS.
En el sector privado debería serlo también en el
público la excelencia es una búsqueda constante, así por ejemplo, los
inventarios de bienes fungibles y no fungibles cuando se realizan por el
personal de la empresa o institución pública se encarga a un departamento
distinto al que va a ser inventariado, de manera que, las posibilidades de
apañar malos manejos se reduce casi a cero lo mismo sucede cuando se contrata
una empresa especializada sin ningún vínculo con la solicitante de ninguna clase
o categoría que no sea el contrato para llevar adelante el inventario, concluido
el inventario “desaparece” la empresa contratada, así de sencillo.
No gozamos ni de lejos con las condiciones ciudadanas
mínimas para seguir creando y/o reformando instituciones con el objetivo que
mejoren. El Plan de Gobierno de PPK
aborda el problema desde el punto de vista institucional y pretende corregir la
corrupción con la carrera de Jueces evaluadores entre otras medidas que sólo
aumentarán la burocracia sin ninguna garantía de excelencia en el cumplimiento
de sus funciones como podrán comprobar con el resumen, tan arbitrario como en mis tres comentarios
anteriores, de sus acciones que al final inserto.
La propuesta que nuevamente
comparto de la que he suprimido algunos párrafos por no corresponder a mi
empeño y su justificación data del 19
de diciembre de 2015. La titulé:
LA JUSTICIA EN EL PERÚ, UN APORTE PARA CORREGIR Y
AUMENTAR
Y comienza de la siguiente
manera:
"Ayer mismo y en el mismo programa de ATV, se presentó Walter Gutiérrez con
un librito que examina la realidad de la justicia en el Perú, bueno es lo que
dijo el entrevistador, un esfuerzo conjunto de abogados y periodistas
convocados por “Gaceta Jurídica”, propiedad de Gutiérrez, antes de continuar
preciso que, cuando fue Decano de la Orden (Gutiérrez) y en la segunda
asistencia que he tenido a una Asamblea General en mis 30 años de Abogado,
propuse debatir el tema de las AFP (pensaba en ese entonces que el problema
eran ellas y no las Compañías de Seguros) pero se negó y armé un alboroto de
proporciones sin resultado alguno, HASTA EL DÍA DE HOY el Colegio al cual pertenezco
ha esquivado pronunciarse, bueno eso era hasta el 19 de diciembre del 2015, su opinión en la actualidad sobre las AFP NO
VALDRÍA una lengua muerta.
Escuché la misma historia basada en porcentajes, corrupción, falta de
presupuesto y de una base de datos que permita un análisis muy fino para
sugerir cambios.
En mi opinión y de todo ser pensante, el problema es el humano, nada
cambiará si se aumentan sueldos (los administrativos seguirán atendiendo muy
mal a los litigantes –generalmente, visto como litigante y
recibo ese trato, no de todos, sí de la mayoría), ni creando infraestructura,
ni aumentando el presupuesto.
Naturalmente la JUSTICIA no sólo es el Poder Judicial, también el
Ministerio Público, la Policía, la informalidad DEL PENSAMIENTO, una de las
preocupaciones del librito era la excesiva carga procesal, Tres millones de
expedientes en trámite, Gutiérrez señalaba que, en otras realidades iniciar una
demanda exigía rigurosos requisitos y, por ejemplo (agregado que me pertenece)
no debería admitirse demandas por el robo de una gallina y que esta
eventualmente llegue a la Corte Suprema –lo que pretendo graficar es la
inutilidad de poner en marcha TODO el orden jurídico por problemas menores- no
obstante, observamos a diario como está aumentando el desprecio por la
autoridad, tengo un caso en el que un usurpador se baja los pantalones y enseña
sus genitales en presencia de la fuerza pública y le importa un cuervo muerto
que lo fotografíen, ¿saben porqué?, porqué detrás de él hay un marino asimilado
con el grado de comandante. En las invasiones los invasores se niegan a ser
desalojados y atacan a la fuerza pública, la gente piensa “informalmente” como
informal es su vida diaria.
Imponer la JUSTICIA es la “última frontera” (disculpen la alusión a una
serie de Ciencia-Ficción) de la sociedad civilizada, ¿Qué propongo para
alcanzarla?
1) Eliminar la OCMA y el Consejo
Nacional de la Magistratura.
2) Eliminar requisitos como el
“doctorado” en nuestro País se compra todo (las universidades “combi” no tienen
reparos en venderlos) o se falsifican diplomas sin la menor vergüenza y NADIE
puede decir que ello no es cierto.
3) Eliminar el nombramiento de los
magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo por el
Congreso.
¿Por qué?, veamos:
1.- La OCMA es un ente burocrático que JAMÁS cumplirá sus funciones,
un juez no puede evaluar ni someter a destitución a otro, pues en algún momento
esa figura cambiará de lado. No olvidemos que hace más de diez años (Pro
Justiciase evaluó la labor de la OCMA) y hoy en lugar de rectificar se ha
empobrecido aún más y la corrupción ha invadido sus instancias.
2.- El Consejo Nacional de la Magistratura, por los resultados vistos, no
obstante “las exigencias” para los nombramientos de jueces y fiscales, producen
–por así decirlo- jueces de pacotilla.
3.- El Congreso es político y quienes conforman el Tribunal Constitucional
TECNICOS, además, los magistrados así escogidos (todos con “doctorados”, phd y
sabrá Dios cuantos títulos más y trabajos publicados) por el sólo hecho
de conformar “una terna” se sienten “semidioses griegos”, sucede lo mismo con los
vocales de la Corte Suprema (en cuanto a los títulos y lo que ellos “supone
representan”), cuando son elegidos ¡¡son dioses!!, hablar con cualquiera de
ellos es una tragedia romana jejeje!! (para no repetir griega).
4.- Eliminar la evaluación de jueces y fiscales cada siete años.
¿Qué HACER?
Hemos leído, escuchado y tal vez visto, como se escandalizan los “doctores
de la ley” si acaso se sugiriera que, en lugar de que los nombre el Congreso se
sometan a un concurso de oposición, ¡¡no puede existir peor insulto!!, el
abogado Alfredo Bullard a raíz de un proyecto del ejecutivo de incorporar a los
árbitros en el delito de prevaricato, escribió: ¡¡INACEPTABLE!!, la
honradez, integridad, profesionalismo, dedicación, lealtad y probidad ESTÁN
FUERA DE TODA DUDA, ningún BUEN árbitro aceptará (escribía Bullard) serlo y
sólo se quedarán los malos. Lo que les acabo de decir, son “semidioses”, BUENO
PUES, ESO HAY QUE CAMBIARLO.
¿Cómo HACERLO?
Todos los cargos de Jueces y Fiscales y de los miembros del Tribunal
Constitucional, así como del Defensor del Pueblo, DEBEN SER SOMETIDOS A
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICIÓN, donde los títulos adicionales a la profesión
exigida sirvan sólo para la elevar la autoestima de quién los ostenta.
¿Cómo deben ser los concursos?
Si se decide incorporar jueces o fiscales por concurso externo, por
ejemplo, para el Distrito Judicial de Puno, deberá nombrarse, por el tiempo que
dure el concurso, una comisión de personas representativas de la sociedad
puneña, la postulación será abierta, más en ningún caso podrán postular a las
provincias y/o distritos de ese departamento, los abogados domiciliados en las
provincias y/o distritos donde existan una o más vacantes, por ejemplo, si se
requieren jueces y fiscales en Cangallo, los postulantes pueden ser de
cualquier lugar de Puno menos de Cangallo.
¿Cómo se evaluaría?
Se nombran cinco abogados del Departamento de Tacna (es un ejemplo)
nunca de Puno, debidamente remunerados por el período que dure el
concurso hasta la designación y nombramiento de los ganadores, las preguntas y
calificación final les corresponde exclusivamente a ellos con la presencia
insustituible de los representantes de la sociedad puneña, quienes tendrán
acceso a todo el proceso, menos a las preguntas.
Los resultados de las evaluaciones se publicarán hasta en el mínimo detalle
PERO SERÁ INIMPUGNABLE la decisión que tomen los abogados que DEBE SER POR
MAYORÍA ABSOLUTA (no menos de cuatro votos de un total de cinco evaluadores).
Los jueces y fiscales serán evaluados ANUALMENTE por una junta de abogados
distintos a los que los nombraron, en función a la calidad de sus sentencias NO
por la cantidad, las mismas que deberán ser colgadas en la página web, que cada
magistrado deberá abrir para tales efectos. NO es necesario y resulta obvio,
que no se evaluarán todas las sentencias, sino aquellas
que por la complejidad del caso sometido a su decisión merezcan ser
analizadas.
En el caso de los abogados del ejemplo anterior, los que realizarán las
evaluaciones pueden ser de Ica o de varios departamentos, ninguno de Tacna o
Puno y por supuesto remunerados por el período que resulte necesario a esos
efectos.
La decisión de destitución por incompetencia EVIDENTE podrá ser impugnada
ante la Corte Superior de Puno, pero el juez o Fiscal NO podrá seguir
ejerciendo la magistratura hasta que se resuelvan su impugnación y quede
consentida o ejecutoriada.
En el caso de concursos internos, de existir más
de un postulante para un cargo determinado, el Poder Judicial resolverá en
concordancia a su Ley Orgánica.
Ahora, ¿Quiénes evaluarán a los magistrados supremos y cada que tiempo?
Dos años es el período concedido por la Ley al magistrado supremo que
Preside el máximo organismo de JUSTICIA en el Perú, cada DOS AÑOS
entonces han de ser evaluados, ¿por quién?, por un número no menor de SIETE ni
mayor de ONCE de los Decanos de los Colegios de Abogados existentes en el Perú
con exclusión del Colegio de Abogados de Lima y sólo de las sentencias en las
que han sido ponentes, TODAS SUS SENTENCIAS. Evaluación que deberá ser
remunerada por su tiempo de duración y recomendaciones finales que DEBERÁN SER
EJECUTADAS, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, no bien lleguen a sus
manos.
¿Y a los Fiscales Supremos y al Tribunal Constitucional?, los últimos
deberán concursar respetando el único requisito además de la profesión de
Abogado, haberla ejercido NO menos de 30 años o ejercido la docencia durante
ese mismo período o ambas condiciones simultáneamente, el jurado estará conformado
por no menos de once abogados, cuya presidencia la ejercerá el representante
del departamento que tenga menos concursantes inscritos, con la participación
irrenunciable de la sociedad que estará representada por ciudadanos
naturales de los departamentos de los concursantes, quienes tendrán acceso a
todo el evento pero NO a las preguntas, el resultado debe ser público en todos
su detalles bajo la supervisión de los representantes de la sociedad civil,
la decisión final se ejecutará de inmediato.
En cuanto período ejerciendo como Tribuno será el que la ley establezca y
NO podrá ser de cinco o seis años, un máximo de tres años,
¿por qué?, pues por qué a mayor cantidad de años en el ejercicio de una
función tan delicada como ser intérprete de la Constitución puede
relajarse y por qué además, la dinámica social que es la que impone las pautas
en los cambios del derecho, no puede anquilosarse, exigiendo el análisis de
nuevos conceptos que no siempre se asumen con la prontitud que debiera por
seres humanos que tienen una perspectiva anclada en principios que podrían
haber sido superados.
En cuanto a los Fiscales Supremos, constituyéndose en funcionario de
opinión, serán los supremos los que decidirán de acuerdo a lo dispuesto en su
Ley Orgánica, sin perjuicio, de estimarlo necesario, someter a uno o más
de sus integrantes a la evaluación prevista para los Magistrados de la
Corte Suprema de la República.
PLAN
DE GOBIERNO DE PPK – JUSTICIA PARA TODOS
OBJETIVO GENERAL: POR UN SISTEMA DE JUSTICIA
CONFIABLE, INCLUSIVO Y EFICIENTE PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LA
AFIRMACIÓN DE DERECHOS.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: Por un Acuerdo Nacional por la
Justicia.
Tal como lo acaba de proponer Transparencia –antes lo hizo
Justicia Viva–Instituto de Defensa Legal (IDL)3
y hace varios años lo recomendó la Comisión Especial para
la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS)4 – las instituciones que integran el
sistema de justicia, los poderes del Estado, los partidos políticos y las
organizaciones de la sociedad civil deben celebrar un acuerdo que asegure el
desarrollo de una política de Estado en materia judicial. Este acuerdo establecerá
las líneas matrices para una reforma integral del sistema de justicia,
comprendiendo la asignación de los recursos necesarios y la participación
activa de cada uno de los participantes en la implementación de un sistema de
justicia independiente, eficiente, inclusivo y libre de corrupción.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: Profunda reforma del Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM).
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es reformado
constitucional y legalmente para que cumpla, con eficiencia, transparencia y
sin acusaciones o escándalos de corrupción, las potestades que la Constitución
le ha encargado.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: Consolidar
la rectoría de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte
Suprema de Justicia es reformada para consolidar su rol rector dentro del
sistema de justicia, redefiniendo sus funciones y reduciendo su carga procesal
para favorecer su labor orientadora de la jurisprudencia, a través de
precedentes vinculantes que contribuyan a la predictibilidad de la justicia.
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO 4: Fortalecimiento de la justicia penal nacional contra el crimen
organizado.
Fortalecer
la Sala Penal Nacional, terminar de implementar plenamente el nuevo Código
Procesal Penal en todo el país, descentralizar la justicia penal para
garantizar el enfoque local de la persecución del delito y garantizar la
presencia de por lo menos un juez de paz letrado en la comisaría principal de
cada distrito de Lima Metropolitana y Callao.
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO 5: Fortalecer la justicia de paz no letrada y la justicia comunal y
rondera.
Ampliar
la competencia de los jueces de paz no letrados, con la finalidad de que operen
como primera instancia en asuntos de familia y en otras controversias de
naturaleza civil –tal como ha sido propuesto por Transparencia– con el fin de
mejorar la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal y
rondera de las poblaciones originarias.
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO 6: Mecanismos de control interno fortalecidos y más eficaces para
la identificación y sanción de los hechos de corrupción.
Facultar
la intervención del presidente del Poder Judicial ante graves problemas de
corrupción, así como establecer la especialidad de jueces contralores en la
carrera judicial.
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO 7: Reformar el sistema de defensa judicial del Estado.
Asignar
los recursos necesarios y hacer las reformas indispensables para asegurar la
independencia funcional y el profesionalismo del sistema de defensa judicial
del Estado, a efectos de impedir que el Estado siga perdiendo millones de soles
al año en juicios por carecer de un sistema eficaz de representación judicial.
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO 8: Las universidades y las facultades de Derecho son fiscalizadas
para que sean parte de la lucha contra la corrupción judicial.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) cumple con eficiencia y
transparencia la labor de fiscalizar y –de ser el caso– clausurar universidades
o facultades de Derecho que no cumplan con los requisitos mínimos de calidad de
la enseñanza universitaria. Tómese en cuenta que representantes de
universidades públicas y privadas suelen ocupar cargos muy importantes en
órganos como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE), entre otros
