Las
pérdidas que generó el Caso Cascadas, para los fondos de pensiones, varían
entre los 31 y 44 millones de dólares. Estas cifras las dio a conocer la
superintendenta del ramo, Tamara Agnic, a través de la información emitida por
la Superintendencia de Pensiones.
En
septiembre del año pasado, el Caso Cascadas salió a la luz al ser reveladas las
transacciones irregulares realizadas por las sociedades controladas por Julio
Ponce Lerou.
Las
llamadas cascadas fueron acusadas por la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS) de infringir la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores.
Según
indicó emol, las pérdidas en los fondos de pensiones se calculó a partir de las
pérdidas que informaron las propias AFP y de la información
que obtuvo la Superintendencia de Pensiones en procesos de fiscalización.
“La
Superintendencia de Pensiones velará porque las AFP emprendan efectivamente
todas las acciones legales que se requieran para indemnizar a los
chilenos que hayan sido afectados por el caso Cascada, pues la ley
establece que tienen un deber fiduciario que las obliga a realizar las
gestiones que sean necesarias para cautelar que las inversiones de los fondos
de pensiones obtengan una adecuada rentabilidad y seguridad”, dijo la
superintendenta del ramo, Tamara Angic.
“El rango
que hemos estimado se levantó sobre los criterios que consideramos más
razonables en términos financieros y legales. No obstante, debe tenerse en
cuenta que es una cifra absolutamente referencial, pues son los Tribunales de
Justicia los que, en definitiva, deberán determinar si hubo efectivamente
perjuicios, su cuantía y las indemnizaciones que procedan”, sostuvo Angic.
Hace un
mes y medio aproximadamente, la Superintendencia ofició a la Administradora de
Fondos de Cesantía (AFC) y a las AFP Provida, Planvital, Habitat, Cuprum y
Capital para que cuantificaran los perjuicios provocados por tener participación
accionaria en las cascadas de Soquimich (SQM) y para que dieran cuenta de las
acciones legales que van a seguir para cautelar la rentabilidad y seguridad de
los fondos de pensiones de los trabajadores.
La
autoridad subrayó que “la Superintendencia de Pensiones velará porque las AFP
emprendan efectivamente todas las acciones legales que se requieran para
indemnizar a los chilenos que hayan sido afectados por el caso
Cascada, pues la ley establece que tienen un deber fiduciario que las obliga a
realizar las gestiones que sean necesarias para cautelar que las inversiones de
los fondos de pensiones obtengan una adecuada rentabilidad y seguridad”.
Hasta
hoy, podemos decir que, de las AFP mencionadas, Provida inició una acción civil
contra Leonidas Vial Echeverría y dos de sus sociedades.
Habitat
ya interpuso una acción criminal contra los responsables por los perjuicios.
Por su parte, AFP Capital presentó una acción civil, persiguiendo el mismo
objetivo.
AFP
Cuprum ha manifestado publicamente su intención de iniciar acciones civiles,
pero en términos concretos, aún no hace nada.
Por otro
lado, AFP Planvital y la AFC, luego de cuantificar los fondos que administran,
determinaron que no sufrieron ningún perjuicio como efecto de las operaciones
del caso Cascada.
Por su
parte, la integrante de la comisión de Trabajo del Senado, Carolina
Goic señaló que es fundamental concretar importantes cambios
regulatorios para que los fondos de los trabajadores no sea afectado y asegura
que la AFP estatal es un primer paso: “Tras lo que hemos visto en el caso
Cascada es necesario revisar cómo protegemos a los cotizantes de las AFP que están
obligados a emplear el sistema previsional y se ven perjudicados en
sus fondos o ahorros previsionales.”
En
términos concretos y más allá de las acciones legales que las AFP están
cursando, nadie se ha pronunciado respecto de la reposición a los fondos de
pensiones de miles de chilenos que se vieron afectados por este caso de
corrupción en el que personeros de nuestra política se han visto involucrados,
al igual en que en el Caso Penta.
Angela
Barraza RissoEl Ciudadano
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